Por los derechos de los aborígenes

La Defensoría del Pueblo de la Nación le reclamó al gobierno de Formosa que adopte “medidas urgentes” que garanticen los derechos básicos, como la atención de la salud, y el acceso a la alimentación y al agua potable, de 28 comunidades indígenas de esa provincia. Luego de evaluar las deficiencias señaladas, el organismo entendió que el Estado provincial “tiene las herramientas y los recursos” para revertir ese cuadro y en ese marco se adoptó esta medida, dijo a Página/12 el director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber. La demanda se hizo a través de un exhorto, que se hizo extensivo al Ministerio de Desarrollo Social nacional, que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que “articule acciones” con el Ejecutivo formoseño a fin de resolver estas problemáticas.

Tras dos visitas a la provincia en las que se constató la situación de comunidades qom, pilagá y wichí, la Defensoría elaboró un informe que dio pie al exhorto 107/11, enviado el 16 de junio al gobierno de Gildo Insfrán. Más allá de la respuesta que dé el gobierno provincial, Esber anticipó que en breve se hará una nueva recorrida “para ver qué se modificó” en la situación de las comunidades.

Imagen: Dafne Gentinetta

En el plano sanitario, el escrito de la Defensoría formula que, como varias comunidades rurales están distantes de los centros de salud, “resulta imprescindible la existencia de puestos y agentes sanitarios” en esos poblados, ya que en la actualidad “no se cumple acabadamente” con la prestación de estos servicios. Y ejemplifica con los casos de Colonia Naranjito, Colonia San Antonio, La Primavera y Comunidad Penqolé, pueblos que “no poseen puesto sanitario o donde el que funciona se encuentra cerrado”, por lo que “nunca los visita el agente sanitario”. Lugares en donde, además, la inaccesibilidad de los caminos torna “muy dificultoso trasladar a los enfermos” a algún hospital. En cambio en sitios como Tres Pozos y Lote 27 “sí hay puestos sanitarios”, pero existen “graves dificultades como la falta de medicamentos” o la “inexistencia de ambulancia para traslados”, se apunta.

En otro punto referido a la salud, se manifiesta que “debido al alto número de enfermos de Chagas”, los aborígenes “solicitan que se extermine” a las vinchucas, ya que todavía hay presencia de ese vector en sus hogares. Como balance de este déficit, los técnicos de la Defensoría expusieron: “Se observa que la mayoría de las casas nunca han sido fumigadas contra la vinchuca”.

En otro ítem, se contextualiza que en grupos familiares con dificultad para acceder a alimento por otro medio que no sea la asistencia estatal, existen comunidades en las que reciben “una caja alimentaria por familia cada tres o cuatro meses”. Esto ocurre en Ensanche Norte y Bartolomé de las Casas. De todas formas, esas poblaciones son la excepción ya que “casi todas las comunidades restantes manifestaron no recibir ninguna caja” con alimentos. En este tema, la Defensoría pone de manifiesto posibles manejos clientelistas. “Muchas familias sostienen que habrían recibido la caja en época electoral”, con “entrega de documento de identidad” mediante.

Sobre el acceso al agua potable, “en 11 de las 17 comunidades relevadas en la última visita”, los pobladores originarios relataron que obtienen el recurso “de los ríos y de la lluvia”, y la almacenan en aljibes. En varias poblaciones, describe la Defensoría, los indígenas consiguen agua “de lugares superficiales, donde hay agua acumulada o de pozo”, pero según narraron, el recurso “no es potable”. Asimismo, existen comunidades en las que “se abona una suma de dinero” para que un camión cisterna los provea de agua, pero a veces ni siquiera con esa provisión logran satisfacer la demanda.

“La garantía del goce efectivo de los derechos humanos de esas comunidades son las autoridades públicas”, destacó Esber. Este diario intentó en reiteradas oportunidades consultar al Ministerio de Gobierno de Formosa para conocer su posición respecto del exhorto, pero no obtuvo respuesta. El funcionario de la Defensoría concluyó que en un “marco económico y social que se inició en 2003, la vulneración de derechos se hace más visible”. Y es en este contexto que “se exhorta a los estados a que reparen esas deficiencias, porque tienen los recursos y herramientas para hacerlo”.

Informe: Leonardo Rossi.

Artículo publicado en PáginaI12 –19 de julio de 2011–.

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