La rebelión de los chacareros (A 10 años del estallido)

Octubre de 2001. Un tractorazo se adueñaba de Posadas, capital de Misiones. La protesta, impulsada por pequeños productores yerbateros, reclamaba más Estado, más regulación, tras una década de libre mercado pleno que se había llevado puestos a los chacareros, con un costo social aún mayor: miles de obreros rurales quedaron sumergidos en la indigencia. Dos meses después el país explotaba, y en urbes como Rosario, la pequeña burguesía rural se plegaba al “piquete y cacerola”. El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, símbolo del freno a los remates de chacras familiares en la Pampa Húmeda durante los ´90, acompañó la pueblada. Habían pasado entonces diez años desde que el secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Ingaramo,  pidiera la desaparición de “200.000 productores agropecuarios por ineficientes”. El saldo fue peor aún: “El neoliberalismo de los años ´90 expulsó a más de 300 mil familias campesinas, agudizando el éxodo rural a las zonas marginales de nuestras grandes ciudades”, dice el Movimiento Nacional Campesino Indígena.

En la década menemista, las expresiones de resistencia al neoliberalismo surgidas de los sectores rurales de base y medios  tuvieron como enemigo simbólico al decreto de Desregulación del Estado (2281/91) cuyo objetivo, entre otros, era concentrar la producción agropecuaria en pocos (y grandes) actores. En una investigación sobre ese proceso, la socióloga Karina Bidaseca remarca que esa medida del gobierno de Carlos Menem “tendió a disolver todos los organismos reguladores”, que sostenían un cuadro en el que el 75 por ciento de las explotaciones agrarias eran de menos de200 hectáreas.

Esas mujeres  

“Del remate del patrimonio público empiezan a venir por lo más chico: las chacras”, recuerda en diálogo con El Cruce Ana María Riveiro, una de las fundadoras del MML-Santa Fe. El movimiento, nacido en 1995 en la localidad pampeana de Winifreda, llegó a detener a lo largo de la década alrededor de 500 remates. Principalmente en las zonas próximas a las más de 20 filiales establecidas en Río Negro, La Pampa y Santa Fe. La metodología era simple: presentarse en los juzgados, cantar el himno nacional, y rezar a todo volumen.

Tras “superar la vergüenza de ser deudoras”, apunta Riveiro, las mujeres chacareras se hicieron visibles. Con los hombres enfermos, en situación de depresión y con algunos casos de suicidios, fueron sus compañeras las que pusieron el cuerpo a “la usura de bancos, escribanías, mutuales, casas de crédito”.  Para acceder a insumos y maquinaria agrícola, los pequeños chacareros habían tomado créditos de los que desconocían sus tasas de interés y condiciones de pago. Los niveles de deuda fueron en aumento a simple antojo de un sector prestamista, bendecido por el menemismo, que poco a poco empezó a liquidar hipotecas.  Las mujeres planteaban entonces revisar la legitimidad de las deudas y refinanciarlas a veinte años. En ese marco, se unieron con mujeres en situaciones similares, con otros colectivos rurales y urbanos, y hasta llegaron a articular con organizaciones de otros países como el Movimiento Sin Tierra de Brasil y El Barzón de México.

“El Banco Nación llegó a tener 17 millones de hectáreas hipotecadas”, dice Ribeiro sobre la dimensión del problema que ponía en jaque la vida de los chacareros. Y según un informe oficial de Santa Fe, entre 1988 y 2002 –años de Censo Nacional Agropecuario–, esa provincia pasa de tener 102.960 personas que residen en el medio rural a reportar 82.106. Es decir, en 14 años más de 20.000, de los cuales “8.600 son productores”, migran a las ciudades.

Entre la miseria y la nada

El caso misionero está estudiado como “la primera movilización masiva que reclama más regulación del Estado, en un contexto de hegemonía del neoliberalismo más avasallante”, señala Víctor Rau, sociólogo que abordó la conflictividad rural en Misiones durante la década del ´90. Los sucesivos paros de los productores yerbateros durante 2000 y 2001, y el  tractorazo de octubre de ese año sobre la capital provincial se inscriben como luchas referenciales de los pequeños y medianos productores. En algunos casos, estas acciones son acompañadas por los tareferos (cosecheros), que ante la liberalización total de la producción y comercialización de la yerba mate fueron cayendo en una situación de “pauperización e indigencia”.

Imagen: iguazú noticias

Asegura Rau que la medida adoptada por los propietarios para reclamar una mejora en el precio de la hoja verde cosechada fue entendida por muchos obreros “como un lockout”. De todas formas, en  algunos lugares como Jardín América los tareferos organizaron ollas populares junto a los colonos que estaban al costado de las rutas.  Allí “la movilización de asalariados fue más grande que la de los productores”. Es que pensaban que “mejor precio de yerba equivalía a mejor salario”, añade Rúa.

El decreto 2281 se había encargado de pulverizar a la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que desde 1935 había controlado la concentración y los niveles de producción para mantener estables los precios del sector. Con el paso de la década, la medida devino “en un fuerte proceso de expulsión de pequeños productores que arrastró a los tareferos”, sostiene Rubén Ortiz, del Movimiento Social Misionero, y residente de la ciudad de Montecarlo.

Rau describe en su investigación que la mecanización en la cosecha y el secado de té -rubro que empleaba tareferos en contraestación al trabajo en los yerbatales–, y la aplicación de agroquímicos y nueva tecnología para desmalezamiento expulsó a personas que, producto del trabajo, históricamente residieron en áreas rurales. Un mercado laboral que solía demandar obreros de otras provincias pasó a tener sobreoferta, que se manifestó en las villas que poco a poco surgieron  en las pequeñas ciudades misioneras. Allí, los contratistas –nuevos actores de esta película- encontraron la posibilidad de reclutar mano de obra barata. “El fraude en la forma de pago y la informalidad” son los términos que están a la orden del día, dice.

“En 2001 no había ni un tarefero en blanco en Montecarlo y sólo 1500 sobre 21.000, en toda la provincia, estaban  registrados”, grafica Ortiz. Asimismo, el crecimiento de la pobreza se manifestaba con “un 70 por ciento de desocupación en una ciudad de 40 mil habitantes”. Esa es la pintura de Montecarlo en aquellos días en que toda una sociedad estaba a punto de estallar.

Algo nuevo aflora

El fin de año de 2001 se vivía en Montecarlo como “un momento de esperanza”, evalúa Ortiz. La gente salía a la calle, se juntaba en la iglesia, se organizaron ollas populares. Muchos pasaron la Navidad en las puertas de la municipalidad, pidiendo comida de forma colectiva.  Productores ganaderos carneaban sus vacas para repartir entre un pueblo que “pasaba hambre en serio”. Ese panorama de movilización popular duró muchos meses.  Algunos colonos yerbateros –cuenta Rau– “luego del 19 y 20 de diciembre se acercan a Buenos Aires”, para coordinar con otros actores sociales y demandar un nuevo marco legal para el sector.

Lejos de la tierra colorada, campesinos del norte cordobés fueron “sorprendidos gratamente” por las puebladas de diciembre. Rubén Santillán, miembro de la Asociación de Productores Noroeste de Córdoba (Apenoc), fundada en el 2000, explica que en Paso Viejo no salieron a las rutas en el 19 y 20, pero se mantuvieron en “contacto permanente con los compañeros de los movimientos de desocupados” de las grandes ciudades. En los meses previos y sobre todo en los que siguieron a la rebelión de 2001, desde Apenoc-MNCI realizaron “numerosas movilizaciones a las ciudades” para expresar dos problemáticas centrales que se habían agudizado al extremo: “Ausencia total del Estado y conflicto por la tenencia de la tierra”.

Mientras, en el Monumento a la Bandera, en Rosario, miembros del MML se sumaban a las organizaciones sociales, partidos de izquierda y gente de a pie al grito de “Que se vayan todos”. Con el correr de los años esas alianzas transversales fueron “disolviendo”,  relata Riveiro.

A diez años: continuidad y ruptura

Diciembre de 2011. La gran mayoría de las deudas contraídas por pequeños y medianos chacareros con el Banco Nación fueron renegociadas durante la gestión kirchnerista. Ante ese triunfo y un panorama bien distinto, el MML quedó dividido. A diferencias de años se sumó la resolución 125, que puso a Lucy de Cornelis, aquella mujer de Winifreda que fundara la organización, más cerca del Gobierno. Riveiro y otras referentes como Ana Galmarini estuvieron junto a la Federación Agraria, y su posición de segmentar las retenciones. Al margen del conflicto, ambas partes siguen propugnando por frenar la concentración y extranjerización de la tierra.

A entender de Riveiro “hoy sigue la desaparición de los pequeños productores pero ya no por remates sino por la propia estructura agraria”, que favorece a los pooles de siembra y lleva inexorablemente a que los chacareros deban arrendar sus campos.

“Las políticas de Estado no han cambiado y el modelo agroexportador ha crecido”, es el balance de estos diez años que hace Rubén Santillán. Las familias campesinas mantienen “en un ochenta por ciento” el nivel de irregularidad de tenencia de la tierra, presionados por el modelo sojero y el corrimiento de la frontera ganadera.

En 2003, los yerbateros lograron la creación del Instituto Nacional Regulador de la Yerba Mate (INYM). “Fue arrancarle un ente regulador al Estado, pero en la práctica está lejos de controlar la concentración del sector”, asegura Ortiz, quien explica la situación de con números: “En 1999 la cooperativa de yerba mate de Montecarlo empleaba a 2160 tareferos, hoy quedan 780”. La principal diferencia es que ahora “hay planes sociales para contener el hambre”. Ortiz está convencido que de no modificarse la matriz productiva agraria, es decir, “si no se favorecen las economías regionales en vez del monocultivo de pino”, que actualmente inunda la provincia, “la situación de los obreros rurales continuará agravándose”.

Artículo publicado en la revista El Cruce (UNLZ), diciembre 2011.

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