El otro grito rural

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No braman por el revalúo inmobiliario en la jugosa Pampa Húmeda. En el norte de Córdoba, una vez más, campesinos hacen fuerza por una cuestión un tanto más sensible: no perder sus tierras (12.500 hectáreas). Unas cincuenta familias viven y producen en el paraje La Libertad y aledaños, ubicados al oeste de Quilino (departamento Ischilín). El conflicto no es nuevo. Ahí radica su gravedad. El Estado provincial conoce (y tiene en sus manos) hace rato la llave para resolverlo: puede evitar el remate del predio rural, adquirido hace 20 años con familias adentro, y luego hipotecado, por la firma Feigin Hermanos antes de declarar su quiebra.

Mujeres y hombres del campo piden que la provincia expropie -pague a los acreedores- y otorgue títulos, antes de que el predio sea rematado. El 8 de junio habrá una audiencia en el marco de la causa judicial y desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) buscan “que al menos se reconozca que allí hay familias ocupantes”.

Los campesinos practican la producción comunitaria, por fuera de los cánones agroindustriales.

El pedido de quiebra de Feigin tiene 18 años. Un par de años antes, la firma había comprado estas tierras en el noroeste cordobés, en las que desde hace décadas habitan familias campesinas que carecen de títulos de propiedad. Entre los que efectivamente tienen sus casas dentro del lote en disputa y los que hacen uso del monte, son cerca de cincuenta grupos familiares los afectados.

Feigin contrajo la deuda original con el extinto Banco Social, que luego se fusionó al Banco de Córdoba. Esta entidad transfirió la hipoteca y, tras un denso pasamano, lo adeudado llegó a la firma Fribel S.A., ahora acreedor mayoritario. Los acreedores quieren cobrar. El remate está latente.

“No hay otra solución que la expropiación por parte del Estado”, señala Victoria Gauna, abogada del MCC, quien representa a las familias. El proceso judicial lleva a rematar las tierras para efectivizar el cobro de la deuda. En ese escenario, el mal menor sería que Sergio Ruiz, del juzgado Civil y Comercial 52, reconociera que hay campesinas y campesinos poseedores de estos campos.

Apunta Gauna: “Desde 2006, la Sindicatura que entiende en la causa hizo denuncias de usurpación contra las familias –con la salvedad de que los considera ilegales en sus tierras, éste dato demuestra la presencia física de los campesinos–, pero a la vez en la inspección ocular asegura que no hay poseedores en el predio”.

Al convocar a los habitantes del campo para la audiencia del 8 de junio, el juez Ruíz dio un poco de oxígeno, porque “de alguna manera reconoce algún tipo de derecho” de los habitantes rurales. El próximo objetivo es que el Poder Judicial entienda que, con o sin casa dentro del predio, estos grupos familiares son poseedores por el solo hecho de utilizar esa tierra para subsistir. Los agentes judiciales no suelen contemplar el tipo de práctica productiva a campo abierto, comunitaria, fuera de los cánones del agronegocio industrial. “No entienden que para la familia campesina si no se produce no se vive”, remarca Gauna.

La organización campesina es la respuesta ante el avance de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria.

Los campesinos crían cabras, producen miel y venden leña, con registro de la Secretaría de Ambiente provincial. La expropiación lograría casi sin esfuerzo de gestión una formidable política rural: mantener a las familias en el campo y evitar la migración a las periferias urbanas, sostener el trabajo campesino, a la vez que se protege el bosque. El campesinado es el mejor aliado de los pocos manchones de monte nativo que quedan en Córdoba. Según datos del ingeniero agrónomo Horacio Britos (Universidad Nacional de Córdoba) se ha registrado una tasa de desmonte “del 6,5 por ciento anual para las zonas de llanura de la cuenca de Quilino, entre 1997 y 2007”, impulsada por el avance de la frontera agroempresaria.

Los intentos por solucionar el conflicto en Quilino incluyeron presentaciones ante la Legislatura y autoridades provinciales y gestiones de la intendenta radical María Soledad Carrizo ante la Comisión Nacional de Tierras. Al día de hoy ninguna dio frutos. Pasaron por la gobernación Ramón Mestre (UCR), los justicialistas José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y otra vez De la Sota. Y cumplieron mandato composiciones legislativas varias. Ni medidas radicales ni de justicia social hicieron que las familias del campo salgan de este cuadro de inseguridad habitacional. En el medio, millonarios negocios inmobiliarios que nadie tocó.

Firme en su reclamo, la gente del campo no se resigna y lucha para que se avance en la expropiación. A fin de cuentas, lo que reclaman es ser visibles para el Estado. “La provincia no ve el conflicto social”, remarca la abogada, y “si no se sale de ahí, no hay solución posible”.

Artículo publicado en Marcha –1 de junio de 2012–.

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