No vamos al bosque

Añosos bosques en peligro, megaproyectos inmobiliarios, la ley en una nebulosa  y el aparato de gobierno. Todo bien mezclado. En Neuquén los trabajadores de la Dirección de Gestión de Bosques Nativos (DGBN) llevan una semana de incertidumbre sobre su futuro laboral, y resisten las oficinas de San Martín de los Andes. Aseguran que hay una política de “vaciamiento” del sector, que incluye la remoción de personal. El trasfondo, dicen, es “la especulación inmobiliaria”, que colisiona con la aplicación de la Ley de Bosques provincial. Mientras esperan que se abra un canal de diálogo, desde el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) advirtieron que apelarán a la justicia penal para destrabar la situación.

Daniel Bocos lleva 20 años en el área de Bosques. Una semana atrás recibió una notificación para que deje su cargo técnico en este sector y pase a trabajar a la Agencia de Producción neuquina. El resto del personal que lo acompaña fue advertido de que sería corrido de la dependencia. Varios contratos vencen y no hay perspectiva de renovación.  “Nos quieren sacar del medio”, aseguró Bocos a Marcha.

Los trabajadores denuncian “vaciamiento” en el área de Bosques.

Este ingeniero forestal y su equipo dieron forma al ordenamiento territorial de bosques provincial, que sobre 545.939 hectáreas dejó el 35 % bajo la categoría roja (bosques permanentes que no deben tocarse), lo que pareciera haber molestado a parte de la industria inmobiliaria y turística. Como paso siguiente, los técnicos esperaban ser parte del proceso de reglamentación de la norma, aspiración que hasta el momento no se concretó. “Sólo planteamos que se cumplan las pautas y controles de la ley, y eso se ve que resulta engorroso.”

Desde un colectivo de organizaciones ambientales, al que suscriben Propatagonia y Alerta Angostura, advierten que “se está torciendo el camino hasta ahora recorrido para adecuar la ley de Bosques (2780/11) a ciertos sectores que tienen fuertes intereses económicos en el bosque”. Y destacan que a diferencia de otras provincias donde la producción de soja atenta contra los bosques, en Neuquén “la presión es principalmente inmobiliaria y ganadera”.

Este cambio de rumbo se habría materializado en las designaciones de Uriel Mele, en febrero, y Mauricio Mazzuchelli, en mayo, directores de Recursos Forestales y de la DGBN, respectivamente. Ambos actúan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial. Son justamente estos dos funcionarios los que, según los trabajadores, intentaron cerrar la oficina de Bosques Nativos de San Martín, el 31 de mayo pasado. Allí permanecen Bocos y sus compañeros.

El jueves, los empleados de la DGBN se acercaron a la Legislatura provincial para llevar su preocupación. Los legisladores del bloque Frente Grande-MUP se hicieron eco del llamado de atención de los técnicos y enviaron un pedido de informes al ministro de Desarrollo Territorial, Elso Bertoya, para que dé cuenta de la situación de la DGBN.

Desde este espacio político, Rodolfo Canini expresó que “llama poderosamente la atención” que sólo se reglamentó un punto de la ley 2780: la creación de un consejo consultivo en Villa La Angostura.  El legislador apuntó en un comunicado que a través de esa “estructura paralela” se intentan “evitar canales de evaluación” de proyectos inmobiliarios o productivos previstos en la ley provincial. Concretamente, Canini señala que una de las beneficiarias de esta medida sería la firma Cerro Bayo S.A.

El ordenamiento territorial que hizo el equipo de Bosques choca con intereses de la industria turística.

En diálogo con este portal, el subsecretario de Producción neuquino, Javier Van Houtte, planteó que la creación del Consejo de Villa La Angostura se hizo en función del “difícil momento” que atraviesa la localidad, tras la erupción del Puyehue. A través de ese ámbito, sostuvo, se busca “generar consenso en torno a todos los sectores involucrados con el bosque”, en pos de reactivar el desarrollo económico. Van Houtte minimizó las denuncias y aseguró que de fondo “hay un planteo gremial que toma la ley de bosques como excusa”. Y fue aún más duro con la organización Alerta Angostura, al señalar que practica “un fascismo enmascarado”, porque “hacen estas críticas cuando las cosas no se hacen como ellos quieren”.

Para destrabar la situación, la Provincia eligió la vía penal. “El funcionamiento del área está trabado y no permiten tomar posesión a las autoridades. Ya hicimos las denuncias correspondientes”, indicó Van Houtte como argumento de la judicialización del conflicto.

Con el apoyo de la CTA-Neuquén, de organizaciones ambientales, de legisladores opositores y de comunidades mapuche como Vera y Payla Menuco, entre otros actores, Bocos y sus compañeros exigen una “urgente mesa de diálogo sobre la política de manejo de los recursos naturales”.

Artículo publicado en Marcha.org.ar –el 11 de junio de 2012–.

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