“La nueva Constitución le quedó incómoda a Correa”

Lejos de las comunidades indígenas de los andes ecuatorianos –fuente de sus trabajos de investigación–, más precisamente en un bar de Palermo, Fernando García da cuenta de su experiencia como antropólogo, militante del derecho indígena y hombre que anda el camino. Es un académico no academicista; llano, directo. “A (Rafael) Correa, la nueva Constitución (2008), que es de avanzada, le ha quedado incómoda”, afirma. Se refiere al incumplimiento de los artículos que contemplan la participación de pueblos originarios frente a proyectos que afecten su modo de vida, y a la protección del ambiente. Habla concretamente de las consecuencias del modelo extractivo. En este caso, materializado en la megaminería y la explotación hidrocarburífera.

García es docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Ecuador). En la entrevista se explaya acerca de la “desigual lucha” de las comunidades aborígenes frente a las corporaciones internacionales, avaladas por el Estado. Ante este marco, llama a conservar el sentido crítico en el mundo académico y no caer en “falsas polarizaciones” políticas.

“Ahora, la subordinación es al capital del Estado chino, y eso no es una alternativa interesante.”

Contextualiza: “Ecuador es un país cuyas principales divisas vienen de la explotación petrolera –el 52 % de las exportaciones totales, entre 2000 y 2009 correspondieron a este sector, según datos oficiales–“.  El problema es que “gran parte de los asentamientos indígenas están en áreas de recursos naturales estratégicos, como por ejemplo zonas petroleras y mineras en la amazonía, y también en la sierra”. Las comunidades conocen de primera mano el modelo. El paradigmático juicio a Chevrón Texaco (que tuvo un fallo en febrero de 2011 contra la empresa, con una sanción de 18.000 millones de dólares) por los daños causados en la amazonía sirve de caso testigo.

En ese país, la presencia indígena reviste “importancia demográfica, pero también política y económica”. Precisa García que hay alrededor de 14 nacionalidades indígenas. Y según el último censo, de noviembre de 2010, de los 14 millones de ecuatorianos, 1.018.176 personas se autoidentificaron como indígenas.

En el marco de “un modelo extractivista del que Correa no ha podido salir”, la discusión pasa por cómo utilizar los recursos naturales respetando la legislación internacional y la nueva Constitución, que “desde el punto vista de los constitucionalistas es de avanzada”. Por ejemplo, la nueva ley suprema abre la posibilidad de aplicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y ubica a la naturaleza como sujeto de derecho. Ecuador jerarquizó con rango constitucional “el proceso de consulta previa, libre e informada (de las comunidades originarias), antes de explotar cualquier recurso natural (artículo 57, inciso 7)”. Y cuenta  con “un derecho adicional, que es la consulta prelegislativa (artículo 57, inciso 17)”. Es decir, “cualquier ley que afecte los derechos colectivos de los pueblos indígenas” tiene que atravesar un proceso previo de debate en las comunidades .

Otro punto sensible en la agenda originaria es el manejo y uso de los conocimientos propios. El antropólogo resalta que para las comunidades existe la “propiedad colectiva” sobre los saberes ancestrales. Ese banco de datos está, por ejemplo, en la mira de las industrias farmaceuticas multinacionales.  Esto “no es un tema menor”, porque los pueblos indígenas “están enfrentados a las compañías trasnacionales que explotan esos recursos, pero que lo hacen con el auspicio del Estado”. Agrega: “Es una lucha bastante desigual”.

Desde hace años, el movimiento indígena juega en el plano político “no sin errores”, remarca García. Entre 2002 y 2003, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) supo aliarse desde su brazo político, Pachakutik, al ex militar y entonces presidente Lucio Gutiérrez. Esta organización también consideró en 2010 que no hubo golpe de Estado sino sólo un motín policial. Pero la Conaie no siempre estuvo enfrentada a Correa. Luego de las elecciones de 2006, en las que triunfó el actual presidente, las coordinadoras indígenas acompañaron la gestión del líder de la Revolución Ciudadana. El motor del acercamiento fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que culminó con el plebiscito que ratificó la nueva Constitución, en 2008.

-¿Cuándo se da la ruptura?

-La diferencia empieza a notarse cuando el movimiento pide la aplicación de la Constitución, y aparece la sensación de que Correa traicionó el espíritu de esa nueva norma. Por ejemplo, convoca a licitaciones mineras y petroleras, pero cuando tuvo que aprobar la ley de consulta previa (enmarcada en la norma de Función Legislativa) la vetó . Ahí hay claras contradicciones. Y lo que ves es que a Correa la Constitución le quedó incómoda. Ahí surge la posibilidad de leguleyadas, formas de saltarse la ley con otras maniobras jurídicas.

-¿Este alejamiento de Correa repercutió al interior del movimiento?

-Hay una pelea muy fuerte: un sector apoyando al presidente, y otro sector, mayoritario, enfrentándolo. Él ha acudido a los recursos que todos los mandatarios anteriores habían recurrido: intentar dividir al movimiento y cooptar a ciertos dirigentes. Esto ha llevado a un proceso de polarización, que viven varios países de América Latina. Los que están con Correa y los que no. Esa división es falsa. El tema es que la gente que es crítica a su forma de ejercicio del poder es vista como la más opositora.

-¿Cómo se reproduce esta polarización en la academia?

-También se cae en esto. Yo defiendo ir más allá de la polarización. Creo que hay que mantener la actitud crítica, y si te dicen que eres de tal o cual, eso ya es otro problema. El gran tema de Ecuador, y de América Latina, es la desigualdad económica y la permanencia de diferencias técnicas y culturales muy fuertes. Es un problema presente, que no es menor, y del que la academia debe dar cuenta. A la larga, encuentras que las estructuras económicas del país no han cambiado. El capital comercial es muy exitoso, el capital bancario no ha sido tocado, y los banqueros están felices.

El avance sobre territorios de pueblos originarios, la falta de participación en procesos que los afectan de forma directa, y las persistentes desigualdades son “motivos reales para la protesta”. El antropólogo recuerda que el movimiento indígena “puso mucha esperanza en esta nueva opción política, que al principio fue planteada como un colectivismo, y finalmente resultó en un personalismo muy fuerte”.

Como propuesta, García llama a forjar “una práctica democrática más activa, con mayor debate, y menos acumulación de poder”. Y sugiere abrir espacio a nuevos procesos que, por ejemplo, contemplen a las naciones indígenas como actores esenciales para repensar alternativas de desarrollo.

La alarma en materia productiva se activa por la fuerte presencia china, actor de peso en el sector minero y petrolero. Para el antropólogo esto marca la continuidad de un modelo que tiene en su núcleo la explotación irracional de los recursos naturales.  “No es una alternativa interesante. Si lo anterior era una subordinación al capital trasnacional, como la Texaco, ahora es al capital trasnacional pero del Estado chino.  Y vale aclarar que en materia ambiental las empresas chinas son desastrosas.”

García es claro. A su entender, Correa “sabe mostrarse hacia el público internacional como un presidente progresista” pero en los hechos desarrolla un perfil económico y un vínculo con los pueblos indígenas que lo ubican “claramente del centro hacia la derecha”.

Al día de hoy “no hay una alternativa clara que dispute este modelo”. Hay sectores de la izquierda, disidentes del partido de Correa, como el ex ministro y quien fuera titular de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y otras organizaciones sociales que están repensando estas cuestiones con perspectivas de mediano plazo. En la construción de esta nueva vía para romper con el extractivismo “los movimientos sociales, y en particular el indígena, serán de gran importancia”.

Artículo publicado en Marcha.org.ar –10 de julio de 2012–.

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