Del debate serio a la represión

A un mes de la represión en Cerro Negro, Horacio Machado Aráoz advierte que en Catamarca avanza “un régimen ideológico persecutorio”, sostenido por una “andanada de violencia”.

Magister en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Machado Aráoz pone a la academia al pie de la ruta. Desde el colectivo Sumaj Kawsay y la Asamblea Socioambiental del Noroeste Argentino (Asanoa), este investigador denuncia el accionar de las empresas mineras como Alumbrera, en explotación desde 1997. Represión, saqueo, contaminación y pobreza son conceptos que guían sus análisis del modelo extractivo.

Tras el desalojo del acampe nacional contra la megaminería de Cerro Negro, explica el complejo escenario para las asambleas ambientales, frente a un gobierno nacional que “apaña las políticas represivas”.

¿Qué balance realiza del gobierno de Lucía Corpacci?

Desde el punto de vista de la asamblea, si bien nunca nos hicimos ilusiones con el nuevo gobierno del kirchnerismo en la provincia y sabíamos que iba a haber cierta continuidad con el Frente Cívico, lo que se desató es una andanada de violencia, material y simbólica, muy fuerte. Lo que se está configurando es un nuevo régimen persecutorio en términos ideológicos. Hay una unificación del discurso “Catamarca es minera y esto no se discute”. Y las promesas de diálogo que dijo la gobernadora se tradujeron en seis represiones en los nueve meses de gobierno que lleva.

Mural en San Fernando del Valle.

¿Cómo romper esa lógica?

Como asamblea es un gran desafío ver cómo avanzar en nuestro reclamo de diálogo para discutir la política minera; salir de este modelo de extractivismo bobo. Es necesario el apoyo urbano, pero es una relación bastante compleja. La mitad de la provincia vive en la ciudad de Catamarca y la mitad de la provincia depende del empleo público, entonces la eficacia de este discurso amedrentador ha hecho que en la ciudad sea muy difícil movilizar. Hay consciencia de que esto es un desastre, pero hay mucho miedo y resignación, que es lo que el gobierno está tratando de implantar.

¿Por qué cree que la Presidenta no abre un debate serio sobre la megaminería como prometió?

No hay posibilidad de tal debate, porque si hay algo realmente difícil de justificar es cómo un gobierno que asume las banderas del progresismo, que plantea un modelo nacional y popular, defiende una política de apoyo a trasnacionales que están saqueando los recursos naturales, destruyendo cuencas hídricas, y que fue implantada por el menemismo. Con qué tipo de lógica se avala esto. No hay argumentos para que desde un modelo nacional y popular se defienda esta minería trasnacional. Lo que sí hay son retóricas dialoguistas, pero a que a fin de cuentas apañan la política represiva.

Sectores del kirchnerismo matizan estas cuestiones y hablan de un Gobierno que interiormente está en disputa.

No podemos pensar que hay disputa. Un ejemplo es el sector agropecuario. El modelo sojero es política de Estado, la política distributiva se sostiene sobre eso y no hay intención de cambiar el entramado productivo. Mientras la Presidenta elogia las inversiones de Monsanto, las organizaciones campesinas indígenas señalan que “este modelo extractivo no va más”.

¿Cómo analiza estas problemáticas a nivel regional?

Recientemente estuve en Ecuador, donde compartí un panel con Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Constituyente. Allí se señaló que Rafael Correa, que había planteado los derechos de la naturaleza con una Constitución de avanzada, ahora deslegitima el debate sobre la megaminería y habla de ambientalistas infantiles, que se oponen al desarrollo. Correa ha adoptado la misma política que aquí, utilizar un discurso violento contra los reclamos de los pueblos originarios que se pararon frente al avance minero en la zona amazónica.

Otros gobiernos avanzan directamente por la fuerza.

En Perú, Ollanta Humala hizo campaña en Cajamarca diciendo que iba a proteger las lagunas y que no iba a defender el proyecto Conga. Ahí tenemos 17 muertos en lo que va de conflicto, sólo en ese proyecto, y con una militarización muy fuerte, como la que se da en Colombia y México. Estos ejemplos nos muestran que los Estados nacionales han cedido soberanía frente a las grandes corporaciones.

¿Cuál es su lectura del progresismo sudamericano?

Lamentablemente el progresismo es la fase superior del neoliberalismo, porque detrás de la política distributiva que han implementado los gobiernos de la región con más o menos suerte, esto se financia con territorios que son zonas de sacrificio.

Artículo publicado en Marcha.org.ar –22 de agosto de 2012–.

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