Nuestro primer genocidio

“Cada vez falta menos”, suele decir Osvaldo Bayer. La afirmación lleva implícita una cuestión nodal: ese futuro que se aproxima tiene como condición previa la apertura de un debate, que poco a poco gana el espacio público. ¿Los pueblos originarios fueron víctimas de un genocidio a finales del siglo XIX? ¿Es Julio Argentino Roca el símbolo de esa política? La discusión ya está abierta y, como dice el periodista e historiador anarquista, parece que el monumento a quien fuera dos veces presidente de Argentina tiene sus días contados en la esquina de Diagonal Sur y Perú. La propuesta para reemplazarlo por un homenaje en bronce a la mujer originaria, impulsada por el propio Bayer y plasmada en un proyecto de ley del legislador Alejandro Bodart (MST), forma parte de esta disputa en el ágora.

El Cruce dialogó con investigadores especializados en esta temática que aseguran que nada le faltó a la Campaña del Desierto para ser enmarcada como una acción genocida. Por lo que argumentan que la campaña “Chau Roca”, para trasladar el monumento, está más que justificada. Matanzas, traslado por la fuerza de niños hacia otro colectivo de pertenencia,lesiones físicas y mentales. Todo perpetrado
con la intención de destruir a un grupo étnico, nacional, racial o religioso, tal como enmarca la Organización de Naciones Unidas al genocidio. “Esta definición se ajusta a lo que ocurrió en la llamada
Conquista del Desierto”, entre 1878 y 1884, afirma el historiador Mariano Nagy, de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Robo de tierras, y de vidas
“Sirva usted disponer le sean entregados al portador de la presente diez familias indígenas compuesta del indio, china e hijos debiendo la que no tenga marido ponerlo de los que revisten en la isla, mayores de 40 años, los cuales son ocho para Don Gregorio Torres (juez) y dos
para Don Carlos Casares (ex gobernador de Buenos Aires).” Esta nota de abril de 1879 dirigida a Donato Álvarez, entonces comandante de la isla Martín García, fue encontrada por Nagy en el Archivo General de la Armada, y constituye una muestra cabal de cómo los “conquistadores” se apropiaban de personas y las entregaban como bienes. El historiador investigó en profundidad el funcionamiento del centro de detención de aborígenes enclavado en
la isla, ubicada en el Río de la Plata.

El avance sobre los territorios indígenas ganó fuerza hacia 1878, cuando apareció el financiamiento privado, mediante la ley de empréstito, para ejecutar los objetivos militares en las regiones pampeana y patagónica. Los futuros beneficiarios del saqueo de tierras (la oligarquía rural) pusieron parte de su capital a disposición del plan de Julio Roca, por ese tiempo ministro de Guerra. Once años antes el Congreso había aprobado la ley 215 para extender, guerra mediante, la frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires.

Es justamente 1878 un punto de ruptura en el que –según plantea la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena (UBA) — el contexto bélico “sienta las bases para la exacerbación de un discurso
que asimilaba al indígena como enemigo extranjero real o potencial”.
Una vez cumplido el objetivo estatal, los derrotados “iban a sufrir una desigual integración al crisol de razas”, analiza este colectivo del que forma parte Mariano Nagy.

El supuesto de que los aborígenes fueron desaparecidos es parte del relato instaurado por los vencedores. “Hoy en día, en general, sobrevive la idea de que a los indios se los exterminó”, ejemplifica Diana Lenton, antropóloga y también miembro de la Red de Investigadores.

Reclamo indígena en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta idea colectiva conlleva una profunda trama simbólica. Por un lado, ratifica de forma implícita que el objetivo de la Generación del 80 se cumplió. Lenton añade que además “Roca no es visto como un genocida”, por lo que ese exterminio todavía no arrastra la carga negativa que sí contienen otros genocidios como el armenio o judío. Y como cierre de este relato, no se vincula a las comunidades que viven en la actualidad con aquellas que fueron masacradas o encerradas en campos de concentración.

A las matanzas propias de los combates y asesinatos de civiles, se sumó como factor sistemático el confinamiento. Las prisiones del actual territorio de Río Negro como Fortín Castro, Valcheta y Chichinales,y los centros de detención de Buenos Aires, por ejemplo el de Retiro y la isla Martín García, fueron algunos de los sitios de encierro de los aborígenes. Sobre la prisión ubicada en el medio del Río de la Plata, Nagy destaca que el objetivo no era el exterminio sino el reclutamiento de “cuerpos disponibles para utilizar en la isla o distribuir con tres destinos: Fuerzas Armadas, servicio doméstico o actividades productivas en estancias”.

El primer documento sobre el presidio de Martín García que encontró el historiador es de 1871, y el último de 1886. Nagy registró una aceleración de la llegada de contingentes entre 1878 y 1879. Por
ejemplo, en febrero de 1879 hubo una epidemia de viruela y, según crónicas de la orden de los padres salesianos, “en ese mes hubo casi 500 muertes y nada indica que la isla haya quedado vacía” de familias
originarias. No hay forma de dar un número exacto, pero “podemos hablar de miles” de aborígenes que pasaron por allí, agrega.

La lógica de concentración se repitió en otras zonas. Hacia mediados de la década del ´80, el cura Domingo Milanesio sostenía que en la cordillera neuquina “había 20.000 indios agrupados”, según pudo
recuperar el colectivo de investigadores. También a partir de archivos de los salesianos, en 1884 se registró el encierro de 300 indígenas en Fortín Castro; al menos mil aborígenes permanecían privados de su libertad en Chichinales para 1886; y unos 500 estaban sometidos en Valcheta en 1889, centro de los más crueles, que funcionó por lo menos hasta mediados de la década del ´90 del siglo XIX.

Alianzas y traiciones
Antes de la campaña, existían entre indígenas y criollos alianzas estratégicas en el marco de las disputas federales, e incluso había tratados de paz firmados. De todos modos, ese marco no estaba libre de enfrentamientos. Pero a partir de la Campaña del Desierto hay un cambio radical.

Un caso significativo es el del lonko (autoridad) mapuche-tehuelche Valentín Sayhueque, que en 1879 había sido nombrado por el Estado como gobernador del País de las Manzanas –la región incluía parte de Neuquén, Chubut y Santa Cruz–. Este líder garantizaba presencia “argentina” en una zona clave en la disputa territorial con Chile.

Sin embargo –relata Nagy– en 1881 comenzó a ser perseguido por el Ejército, y finalmente se rindió en 1885, en Junín de los Andes. De los 10.000 hombres que lo acompañaban cuando empezó a ser atacado
sólo sobrevivieron unos 3.000. El historiador resalta que, tras el logro militar, el general Lorenzo Vintter se vanagloriaba de no haber dejado “tribu alguna en los campos que no se halle reducida voluntaria o forzosamente”.

Diana Lenton agrega una observación sobre la rendición de Sayhueque, que es tomada como el cierre de la campaña militar.
Frente a algunos discursos que plantean la complicidad de éste u otros líderes indígenas con el accionar del aquel Estado genocida, la antropóloga reflexiona: “En el parte de guerra se dice que se entregó
Sayhueque después de combatir durante meses.Al día siguiente que se rinde, otro documento señala que se ofrece como voluntario para perseguir a otro cacique. Uno puede pensar que ahí hay una coerción. Y ese aparente nivel de voluntad, en estos casos, es por lo menos dudoso.”

La Campaña bajo la lupa
En la búsqueda de hacer un análisis más abarcativo de la cuestión, Lenton indagó en las distintas miradas que había en aquel entonces sobre la empresa encabezada por Roca. Por un lado, sobresale el posicionamiento de Aristóbulo del Valle. En 1884, acerca de la discusión para repetir en el Chaco lo realizado en la Patagonia, desde su banca de senador, el dirigente que lueguo sería cofundador de la UCR planteó: “No hemos respetado ninguno de los derechos que les pertenecen, no ya al hombre civilizado, sino al ser humano: al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer prostituido, al niño arrancado del seno de su madre”.

Campaña de la Pastoral Aborigen en el marco del bicentenario.

Desde la Iglesia, la orden de los salesianos que había acompañado la avanzada militar con el objetivo de evangelizar cuestionaba “el trato físico” impuesto a los prisioneros, “la separación de las familias”, y hasta dejaban entrever “cierta culpa” por la incapacidad de cuidar “mujeres y niñas que eran abusadas”, apunta la antropóloga.

En la corporación castrense, la voz del comandante Manuel Prado –sostiene Lenton– “no sólo dejó evidencia de los malos tratos para con los prisioneros sino hacia los propios soldados”. En sus memorias
“da cuenta de las deserciones, del hambre, y de la falta de paga” a los militares rasos que pusieron el cuerpo para la ampliación de la frontera nacional.

Un Estado moldeado por el genocidio
¿Cómo interpela hoy esta historia al grueso de la sociedad? “Aunque todavía puede escucharse decir `este indio´ como sinónimo de salvaje, esta idea de Estado monoétnico está desde hace tiempo en
discusión”, celebra Verónica Seldes , arqueóloga y antropóloga del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano e investigadora de Conicet.

La delineación de las fronteras políticas, “legitimadas por referentes de la arqueología y la antropología”, sirvió a esta idea de que “el indígena no era parte del ser argentino”. El caso más citado es el de
los mapuches, a los que se solía apuntar como chilenos, siendo su preexistencia a los estados-nación la prueba más concreta de esta falacia.

Territorio wichi en la actual provincia de Formosa.

“Crecimos no aceptando la continuidad entre aquellos pueblos masacrados y los actuales”. En este punto, Seldes llama a que “la academia se comprometa a dar cuenta de cómo operó el aparato genocida contra los indígenas”, tal como hacen varios equipos de arqueólogos y antropólogos respecto a la última Dictadura. Ese aporte será clave en la reparación histórica para con los descendientes de aquellos pueblos. En su caso, la arqueóloga apunta a reconstruir el genocidio del pueblo kolla en la llamada Batalla de Quera (Jujuy), de 1875.

Lenton también valora que esté en disputa la idea de genocidio indígena. Más aún cuando llega a través de acciones estatales, como la impulsada en la Legislatura respecto al monumento a Roca o la “presencia en el calendario chaqueño de la Masacre de Napalpí  (ocurrida en 1924), una iniciativa del gobernador Jorge Capitanich”. No obstante, la antropóloga entiende que “existe un límite claro” a la hora de que se acepte el genocidio, cuando este reclamo viene acompañado de “disputas territoriales”.

En la misma dirección, Nagy habla de un “genocidio performativo estatal”. Es decir, “el entramado genocida permite políticas que atraviesan todo el siglo XX y llegan hasta la actualidad. Ya no hay genocidio como tal, pero sí políticas fundadas sobre ese acto original”. Lenton completa: “Mientras la Generación del 80 incorporó nuevos territorios agropecuarios para utilizar en el marco de la nueva división internacional del trabajo, hoy se avanza sobre áreas indígenas que hasta hace poco parecían improductivas, y ahora sirven para plantar soja o explotar minerales”.

La gran ventaja de estos tiempos radica en un nuevo ideario que está en marcha. Nagy enfatiza que “los jóvenes ya no conciben un país que implique el sometimiento del otro ni el genocidio”. A partir de esta base, todo indica que la mujer originaria pronto tendrá su merecido homenaje en el medio de la ciudad de Buenos Aires, y parirá nuevas reivindicaciones para con los pueblos indígenas.

Artículo publicado en la revista El Cruce (UNLZ) –julio 2012–.

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