Cosecharás tu siembra

Tras años de amagues, el Gobierno anunció que busca modificar la ley de Semillas. Y se mostró con fuerte iniciativa para cumplir el objetivo. El Ministerio de Agricultura elaboró un anteproyecto, que busca «proteger la propiedad intelectual» de las innovaciones científicas en la materia, y es apoyado por las grandes firmas del agro. Del otro lado, campesinas y campesinos, familias agricultoras e indígenas alertan que de sancionarse un nuevo marco normativo de corte proteccionista «se perderá soberanía alimentaria y siglos de saberes agrícolas».

¿Bajo qué esquema legal se encuentra Argentina? La norma madre en la materia es la ley de Semillas (20.247/73), modificada en 1991, que resguarda los derechos del obtentor, es decir de quienes registran «creaciones fitogenéticas o cultivares que sean distinguibles de otros conocimientos a la fecha de presentación ». En este marco, queda restringida la comercialización por terceros de esas semillas registradas. A favor de la agricultura campesina se aclara que no afecta al obtentor «quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal creación fitogenética».

Las familias campesinas han preservado por siglos la diversidad de especies. Imagen: Redaf
Las familias campesinas han preservado por siglos la diversidad de especies. Imagen: Redaf

Por otra parte, Argentina adhiere desde 1994 a la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (a]\b- 1978), que armoniza con la ley nacional ya que permite el «uso propio» de semillas registradas. Los grandes semilleros intentaron, sin éxito, que el país adoptará la a]\b 1991, que sí avanza sobre la restricción del «uso propio».

En un documento aprobado en setiembre de 2011, la Asociación de Semilleros Argentinos (S_S) sentó posición a favor de implementar «un sólido sistema de protección de la propiedad intelectual». Integrada por Monsanto Argentina, Dow Agrosciences, Syngenta, Satus Ager, Pioneer Argentina y Nidera, entre otras empresas, esta cámara reclama «un retorno aceptable sobre la inversión (científica)» para promover «mayores esfuerzos de investigación en fitomejoramiento».

A partir de julio se realizaron mesas de trabajo con diversos actores de la cadena comercial de semillas. El anteproyecto acordado no fue presentado de forma oficial. No obstante, un borrador del mismo circuló en los últimos meses entre organizaciones campesinas, que no fueron parte de los foros de discusión. La clave del proyecto es la restricción al «uso propio». Es decir, que quienes obtengan semillas de su propia cosecha deberán pagar un canon a la empresa que originalmente haya registrado ese producto. Quedan exceptuados de este pago, los agricultores que a la fecha de promulgación de la ley estén inscriptos dentro del Registro Nacional de la Agricultura Familiar.

Días antes que Monsanto lanzara en Buenos Aires la semilla de soja Intacta RR2, la segunda generación de la oleaginosa transgénica en el país, se daban cita en San Fernando del Valle de Catamarca miles de familias campesinas e indígenas. El motivo: participar de la Tercera Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas. Acción visitó el evento organizado por los gobiernos nacional y catamarqueño, entre el 17 y 18 de agosto, en el predio ferial de la ciudad capital.

Otro proyecto

Panel de cierre: Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST), advirtió sobre «el fuerte lobby» que realizaba por esos días la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) para obtener una norma que «no tiene nada que ver con la idea de semillas de los campesinos sino que busca una ley de patentes». AAPRESID repite entre sus alianzas a varios de los miembros de la ASA: Monsanto, Dow, Syngenta, Nidera, Pionner, entre otros.

En nombre del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que nuclea a unas 10.000 familias, Montón evaluó que «sería un golpe muy duro» que se sancione una ley como la que impulsa la ASA. Así, avanzaría «el proyecto de la oligarquía en estrecha alianza con las trasnacionales».

Por el predio ferial caminaba Ángela Romano (54), diaguita-calchaquí de Tafí del Valle (Tucumán). «Traigo un “puñao” de semillas de maíz, hortalizas y arvejas para intercambiar», se presentó. La mujer aprendió a diversificar producciones desde pequeña, «entre juego y juego». Sus semillas son su identidad: «Tienen un valor muy grande, nadie me va a decir qué hago o no hago con ellas».

Ángela no quiere saber de registros ni patentes. Tampoco Mercedes Carrizo (56), campesina de Medanitos, Catamarca: «Nosotros no queremos registrar, queremos que se mantenga el intercambio libre». En su comunidad han recuperado «el zapallo anco, el maíz capia, dos maíces criollos, el diente de caballo y el maíz cristalino que es para hacer locro, y la mazamorra». «Eso es lo que comemos todos los días. Nuestra “soberanía alimentaria”, como dicen». Estas mujeres conciben una trama solidaria alrededor de las semillas. «Una preserva para uno o la convida a otro que necesita, pero no la vende», aclara Ángela.

¿Por qué este sector elige no ingresar en el circuito comercial de los semilleros? Gabriel Lara (29), chacarero pampeano de Anguil, esboza una respuesta: «Las empresas buscan crearte cierta dependencia. Ellos te venden una semilla híbrida de maíz que no podés quedarte sino que al año siguiente tenés que comprar de nuevo porque ya no crece. Y no sólo te venden la semilla sino que además te meten el herbicida y todos los químicos para que funcione». Porque otro problema que tiene el producto comercial, asegura, es que «ante un poco de maleza no se la aguanta, distinto de un maíz que uno va mejorando para resistir». Elisardo Paguilef (63), de la Comisión de Semillas de Zapala (Neuquén), completa: «La semilla criolla fue adaptada a la clase de tierra, a lo riguroso del clima desde los antepasados». Pero, fue mejorada «sin usar agroquímicos, siempre con nutrientes orgánicos».

Alicia Alem (64) exhibe sus tomates en versión semilla. Representante del Movimiento Agroecológico de América Latina (MAELA), esta mujer de Cañuelas (Buenos Aires) desde hace rato batalla por la soberanía alimentaria. Es clara en sus argumentos contra las leyes que anhelan la ASA y la AAPRESID. «El poder económico nacional y trasnacional tienen muy en claro que la semilla es el germen de la vida». Cree que la disputa de fondo es el control del sistema alimentario, y en esa dirección advierte que las grandes firmas del agronegocio contemplan que «cuando hay hambre se deja la dignidad a un costado, individualmente y como pueblo».

Ficha de un gigante

Tal vez sea Monsanto la multinacional símbolo de la presión sobre el control de las semillas. Algunos números del informe «La Lucha contra Monsanto» elaborado este año por La Vía Campesina (VC): la centenaria empresa estadounidense controla el 27% del mercado semillero mundial y el 90% del comercio de semillas de soja. En contraposición, «son las y los campesinos y agricultores familiares que han preservado las semillas durante siglos» como «un valioso patrimonio que han puesto al servicio de la humanidad». Por ese motivo desde la VC, unos 200 millones de agricultores se oponen a que agentes como Monsanto se apropien de esos recursos «mediante procesos de patentamiento».

A medida que avanzan los paquetes tecnológicos de estas compañías, se expanden los monocultivos, explican los colectivos agroecológicos. Como contracara, retroceden las producciones diversificadas. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) estima que el mundo ha perdido en los últimos cien años «cerca del 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas».

En la Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta con una política para conservar semillas nativas y criollas. Lo hace a través de 9 bancos de germoplasma, distribuidos en todo el país. Durante la feria nacional, la agrónoma María del Carmen Menéndez Sevillano explicó que «este material no es propiedad del INTA» sino que el organismo público sólo se aboca a su almacenamiento e investigación pero «siempre está disponible para reinsertarlo y devolvérselo a aquellos que lo soliciten». Es decir, es de libre circulación.

Tal como denuncian indígenas y campesinos, la profesional del INTA-Cerrillos (Salta) apuntó que cuando desaparecen especies «también se pierden saberes asociados». En esa sintonía, Gustavo Tito, director del Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF), destacó que «el enfoque agroecológico permite rescatar el saber popular». De esta forma puso en tensión la idea de que son sólo las grandes firmas las que investigan para mejorar la producción agraria. «El campesinado –insistió– no sólo produce alimentos sino que genera conocimientos».

En este contexto de avance del agronegocio, Tito consideró «necesario que estos sectores se empoderen». Y en esa dirección, propuso poner «en manos de las organizaciones (rurales de base) los bancos de germoplasma» que actualmente controla el Estado.

¿De quién es la semilla?

La Vía Campesina acuñó el término «soberanía alimentaria» en 1996, para sintetizar el derecho de los pueblos «a definir y poseer sus propios sistemas agropecuarios y alimentarios», en lugar de «rendirse ante las exigencias de los mercados y las grandes empresas».

En base a esa definición, Carlos Vicente, representante de Grain América Latina, plantea que «sólo hay verdadera soberanía alimentaria si no existe ningún derecho de propiedad sobre la semilla: ni de obtentor ni patente». Desde esta organización, referente en la lucha por la biodiversidad, remarcan que «las semillas campesinas circularon libremente durante 10.000 años» por lo que el «uso propio no es ningún privilegio sino lo mínimo que debe permitirse».

Vicente aclara que una nueva ley «no será sólo para la soja sino que avanzará sobre todas las semillas». Por lo que «al controlar Monsanto casi el 100% de la semilla de soja en Argentina», si es apuntalada por una ley de patentes sobre la producción vegetal, «en los hechos tendrá un monopolio».

Mientras se dan los primeros debates para alcanzar una nueva normativa, han quedado en escena dos campos. Por un lado, quienes reclaman el cobro de regalías y entienden que así «se impulsara un importante incremento en la investigación, tanto en el sector público como en el privado», como evaluó la ASA a fines de octubre.

En las antípodas, organizaciones como el MNCI, Maela, Grain, y Amigos de la Tierra, que se oponen a cualquier tipo de restricciones en torno al uso de semillas. Esta posición quedó sintetizada por el investigador Horacio Machado Aráoz, durante la feria celebrada en San Fernando del Valle. «La estructuración de las formas de dominación y de las alternativas de emancipación se juega en las disputas por el control de la producción del pan. Y es así que el pan ha sido sustraído por el agronegocio », planteó el magister en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Catamarca.

Para Machado Aráoz, este sistema «ha hecho del alimento, que debería ser lo más sagrado, fuente sacrílega de negocios». Y frente a ese modelo, «las culturas campesinas e indígenas son la verdadera semilla, la semilla política, la semilla del futuro, la semilla de que hay realmente alternativa».

Artículo publicado en Acción (IMFC) –primera quincena de diciembre de 2012–.

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