La patria sojera

“Vientre de la madre que a todos cobija,
mira y date cuenta es el suelo que pisas”.
(Donde alguien me espera, Ernesto Guevara)
“El Gobierno aprobó una súper soja transgénica de Monsanto”1; “Junto a YPF, Chevron invertirá en Vaca Muerta”2; “Fuerte apoyo del Gobierno a la minería”3. En esta sintonía, los grandes medios de comunicación celebran el avance del modelo extractivo. Chorros de tinta avalan la avanzada de la frontera agropecuaria y la multiplicación de los proyectos mineros y petroleros. Mientras tanto, los costos humanos, ambientales y culturales de estas iniciativas económicas suelen quedar fuera de foco entre tanta exaltación.
La Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) sostiene
que “de todas las acciones humanas que modifican el medio
ambiente, la actividad agropecuaria es la que afecta a la mayor superficie”. Es decir, no se pueden desconocer “los impactos que la
intensificación de la agricultura está produciendo”. El desmonte, la
migración forzada de la población rural, el uso de agroquímicos a
gran escala tienen efectos directos y desbastadores, tal como lo denuncia esta red que investiga la biodiversidad nativa.
En 2010, la soja ocupó en Argentina 18,3 millones de hectáreas
de un total de 33 millones dedicadas a la producción de granos.
El Gobierno propone que la oleaginosa trepe a 22 millones de hectáreas en 2020. Para ese año, la siembra total de granos debería alfombrar 42 millones de hectáreas, de acuerdo al Plan Estratégico Agroalimentario 2020.
Hasta aquí números en frío. El contraste: 12 millones de personas
del campo y zonas periurbanas padecen la pulverización con herbicidas, fungicidas e insecticidas; en total, unos 340 millones de litros de agroquímicos fueron aplicados en 2012. Hace 20 años sólo se habían utilizado 30 millones. Desde 2010, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados recopila datos sobre el impacto sanitario de la agricultura transgénica. “Más del 30 por ciento” de las muertes en zonas expuestas al uso indiscriminado de agrotóxicos obedecen a casos de cáncer. La media nacional, en cambio, es menor a 20 por ciento.
En este marco se hace carne la lucha de organizaciones ambientales,
campesinas e indígenas para evitar que la multinacional Monsanto
—dedicada al mercado semillero y químico— instale una planta a 12
kilómetros de la capital cordobesa, en la localidad de Malvinas Argentinas. “Orgullosa”, la propia presidenta Cristina Fernández fue
quien anunció la futura apuesta de Monsanto para producir semillas
transgénicas de maíz en el país. Fue el 15 de junio de 2012. Se encontraba en Nueva York. Y acababa de reunirse con directivos de la
multinacional.
Aunque la multinacional ya lleva más de 50 años en el país, para Medardo Ávila Vázquez, de Médicos de Pueblos Fumigados, la llegada de Monsanto a Córdoba es “una nueva rosca en profundizar el modelo extractivo y neocolonial”. El informe La lucha contra Monsanto, de la Vía Campesina —coordinadora internacional de organizaciones rurales— ilustra mejor esta idea. Originaria de Estados Unidos, la compañía cuenta con más de 400 establecimientos en 66 países; lidera la venta de semillas en el mundo (27 por ciento de la torta); es cuarta dentro de las agroquímicas: acapara el 10 por ciento del mercado; y sobre las semillas de soja tiene un dominio casi total: 90 por ciento. La nueva planta, cuya inauguración se prevé para diciembre de 2013, proyecta una producción para 3,5 millones de hectáreas. Monsanto promociona al maíz por su aporte a la “sustentabilidad de los suelos”, al servir como cultivo de rotación dentro del esquema sojero. La Rallt tiene otra interpretación: en realidad se “esconde” la intención de varias empresas de “una difusión masiva de nuevos híbridos transgénicos”. Ávila Vázquez amplía: “Preparan un maíz transgénico resistente a dos herbicidas (glifosato y glufosinato), lo que significa que las poblaciones rurales seguirán recibiendo la lluvia de agrotóxicos”, que la propia empresa vende. Y Malvinas Argentinas convivirá con “la cascarilla de ese maíz de 240 silos de acopio”.

Argentina remite a "un grotesco monocultivo", plantea Santiago Freytes, Universidad Nacional de Córdoba. Ilustración: Nahus
Argentina remite a “un grotesco monocultivo”, plantea Santiago Freytes, Universidad Nacional de Córdoba.
Ilustración: Nahus

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El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar,
prometió una nueva legislación en materia de semillas. Lo hizo en un
evento de Monsanto y en sintonía con lo que anhelan los ejecutivos de
la compañía. El funcionario se refirió a una ley acorde a “un país que
aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger
la propiedad intelectual”. Luego de varios foros oficiales, con presencia de actores que componen la cadena de semilleros, pero sin participación de los movimientos indígenas y campesinos, surgió un borrador. De todas formas, ante la falta de consenso al interior del oficialismo, por ahora el texto no ingresó al Parlamento.
Explica Tamara Perelmuter, licenciada en Ciencia Política, que “el nudo del conflicto se centró en el denominado ‘uso propio’ de las semillas” que el agricultor conserva para utilizar en futuras siembras. Esta actividad milenaria, práctica de aborígenes, chacareros y campesinado en general, está permitida en la actual norma (20.247). Las grandes compañías de semillas intentan coartarla, y privatizar el rubro. El anteproyecto “sólo favorece con el uso propio a los registrados como Agricultura Familiar, un pequeño universo de 60 mil productores”, advierte la investigadora especializada en legislación
sobre semillas. Y “más grave aún es que avanza en torno a la penalización”, ya que no se podrán utilizar semillas sin la autorización y pago de un canon a quien cuenta con la propiedad intelectual.

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¿Cómo leer estos guiños a las multinacionales? El Gobierno, “apuesta
a las divisas” que dejan las exportaciones del agro y la inversión
de estas compañías, resume Diego Montón, del Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI). Para el referente de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST-Mendoza), “este diagnóstico es errado”. “Las trasnacionales no promueven el desarrollo sino que son capital financiero y especulativo.” Montón habla de un “círculo vicioso”, ya que “los dólares de las retenciones (a la exportación de soja) sirven para pagar sueldos a desocupados”, muchos expulsados del campo, “producto del propio modelo sojero” demandante de escasa mano de obra.

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El presente rural remite a “un grotesco monocultivo”, dice Santiago
Freytes, consejero estudiantil de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. La disociación que suele hacerse entre hombre y naturaleza le pica. Y con pedagógico estilo intenta explicar que este modelo “afecta al ecosistema en su conjunto, ¡dentro del cual estamos incluidos!”.
Ejemplo: hasta agosto de 2011 unas 18 mil familias originarias y criollas de la región chaqueña padecían conflictos de tierra, empujadas por la expansión de empresarios agrícola-ganaderos. En disputa: 2.791.302 hectáreas (Red Agroforestal Chaco Argentina, 2012). De por medio, violación de la ley 26.160 —freno a los desalojos indígenas— y la ley de bosques (26.331), entre otras.
Los cultivos industriales y la ganadería se devoraron 212.935 hectáreas de monte chaqueño argentino, tan sólo entre el 1 de enero y el 31 de noviembre de 2012, reporta Guyra Paraguay, ONG que monitorea el Chaco Americano. Junto al bosque arrasado, miles de familias fueron despojadas de sus fuentes de alimento, y prácticas culturales asociadas; sus vidas.

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Ante la presión del agronegocio, Montón invita a defender “la agricultura campesina, que ha alimentado a la humanidad durante diez
mil años” y que “prioriza la relación con la naturaleza”. Como voz del
Movimiento de Base Agronomía, Freytes acompaña la idea y pide no
olvidar que “la tierra no es sólo mercancía, hay vida en ella, sentimientos, cultura…”

1. Clarín, 16 de agosto de 2012. / 2. Página/12, 20 de diciembre de 2012. / 3. La Nación, 16 de febrero de 2012.

Artículo publicado en revista NaN –marzo/abril 2013–.

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