Indígenas, entre la represión y la asistencia social

La represión a indígenas de la etnia qom de Juan José Castelli (Chaco), ocurrida la semana pasada, vuelve a poner en escena una serie de debates pendientes: el violento accionar estatal frente a los aborígenes y la relación histórica Estado-pueblos originarios; la gestión de la pobreza como contracara de la autonomía indígena; y el reclamo de “comida” como última instancia de un largo proceso de pérdida de soberanía alimentaria.

Los indígenas que manifestaron el miércoles en la ruta 95 pedían que el Ministerio de Desarrollo Social provincial no maneje los bolsones de alimentos a través de centros integradores comunitarios, en otras palabras: que “con la mercadería no se haga política”, explicaron a través de un comunicado firmado por el Consejo de Carashe (autoridades) de El Impenetrable. Y argumentaron que preferían administrar ellos los alimentos ya que “muchos viven en zonas lejanas al municipio”.

Luego de que la represión de la policía provincial dejará unos cincuenta heridos, las autoridades indígenas indicaron: “No responsabilizamos de esto al gobernador (Jorge Capitanich, quien estaba fuera del país), ni a más funcionarios que la ministra de Desarrollo Social Beatriz Bogado, y el vice gobernador (Juan Carlos Bacileff). Y agregaron que “personas allegadas al gobernador” hicieron saber “que la medida tomada por la ministra seria derogada y seguirían los módulos alimentarios repartidos por las comunidades”.

En otra línea, la causa de la muerte de Florentín Díaz, que varios medios asociaron a la represión, fue desmentida por el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), ente autárquico descentralizado del Ejecutivo provincial. A partir de la versión de la fiscalía Nº 2  de Juan José Castelli sostiene que “Díaz falleció en un accidente de tránsito a 7 kilómetros” de donde ocurrió la represión. Los qom pidieron “justicia”, y que se aclare el hecho.

Sujetos de “beneficios”

Los representantes originarios celebran poder recuperar la administración de esos alimentos. Es lo que urge. Comer. Se pone de manifiesto, el análisis de la gestión de la pobreza que el periodista uruguayo Raúl Zibechi esboza en ‘Política y miseria’ (2011), donde plantea que “es necesario comprender las políticas sociales no como ‘conquistas’ sino como la forma de gobernar y contener a los pobres”. La recuperación del derecho a administrar los bolsones de comida, medida que Capitanich haría posible, debe leerse en el marco de “las política sociales centradas en el ‘combate a la pobreza’ que buscan evitar el conflicto”.

El modelo agrario afecta el uso de “bienes utilizados por etnias locales” (Pengue) Imagen: Idach.

 

En este reclamo puntual la comunidad no exige autodeterminación, como les reconoce a los pueblos originarios, por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Tan sólo piden comer y repartir ellos los alimentos. El origen de este pedido elemental puede rastrearse en estadios previos: fundamentalmente en la pérdida de soberanía sobre las prácticas alimentarias tradicionales de las comunidades indígenas. En el caso chaqueño, bien lo explica el libro ‘La apropiación y el saqueo de la naturaleza (2008), coordinado por Walter Pengue, agrónomo del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, de la Universidad de Buenos Aires. En el marco del actual modelo productivo chaqueño, donde “domina el cultivo de soja y algodón”, se desemboca en “la cancelación de la posibilidad de usufructo de bienes utilizados por etnias locales”, que abarcan una vasta diversidad de recursos como “forraje natural, frutos, madera, cueros, pieles, carne de monte, fibras, tanantes, biota de uso medicinal” y “hasta agua de bebida humana y animal”.

Esa riqueza proteica perdida, junto con la desaparición de prácticas culturales milenarias, se compensa con bolsones alimentarios. Mientras, los entes oficiales celebran el exitoso modelo agropecuario. El año pasado, el ministro de Producción chaqueño Enrique Orban destacaba la campaña agrícola que marcó “un nuevo récord para el Chaco”. Según números de Agricultura de la Nación, en 2011-2012, la provincia logró sembrar 689.550 hectáreas de soja, 260.470 con algodón y 135.900 de maíz, a la par que se contabilizaron 197.465 cabezas de ganado bovino. Los indígenas sólo reciben el goteo de tanta productividad, que se traduce en planes sociales.

Insiste Zibechi, “mientras vivamos en sociedades en las que una parte de la población no tiene derechos (sustituidos por beneficios)” sucederá que “esa falta de derechos se “atemperan” con políticas sociales, “pero no resuelven el problema de fondo”, en esta caso la autodeterminación de los pueblos originarios en un sentido integral, que abarque la recuperación de su soberanía alimentaria. Y va más allá, “las políticas sociales acompañan y ‘compensan’ la profundización del modelo neoliberal. Han contribuido al debilitamiento de los movimientos sociales, y por sobre todo, consiguen despolitizar la pobreza y la desigualdad al transformarlas ‘en problemas de administración’”. Bolsones repartidos por funcionarios o por las propias comunidades. El debate queda obturado allí.

La avanzada sojera-algodonera-ganadera se enmarca en el actual modelo extractivista, que según Zibechi “no es sostenible sin políticas sociales”, entre otros puntos porque “ya no necesita ni trabajadores ni consumidores”, necesita desplazados, pobres, marginados de “territorios –rurales y urbanos— (que) han sido ocupados por el capital financiero en las diversas formas que asume la especulación inmobiliaria, la apropiación y destrucción de la naturaleza”.

Un poco de historia, bastante presente

Valeria Mapelman y Marcelo Musante analizan las prácticas estatales sobre los pueblos originarios del Chaco, dentro del libro Historia de la crueldad argentina (2010), coordinado por Osvaldo Bayer.  Los autores sostienen que “la situación de exclusión en la que hoy se encuentran estas comunidades tiene como hitos fundacionales las campañas militares, las políticas de sometimiento y su incorporación al modo de producción capitalista”, entramado que debe pensarse no sólo “en términos de un genocidio originario y constituyente” sino en el marco de “un proceso histórico cuyas prácticas sociales genocidas se siguen reproduciendo en el presente a través de un sistema hegemónico de negación, invisibilización y explotación”.

El Estado persiste en “formas de utilización del terror (que) influyen directamente sobre la negación a discutir la propiedad de la tierra” (Mapelman y Musante) Imagen: Idach.

En concreto, al no asumir las diversas masacres cometidas contra pueblos originarios, Campaña del Desierto, Napalpí y La Bomba por citar casos conocidos, el Estado persiste en “formas de utilización del terror (que) influyen directamente sobre la negación a discutir la propiedad de la tierra”, por un lado, y “el accionar represivo ante las formas de resistencia de las comunidades indígenas”, por otro. Ejemplo que una vez salió a la luz en Castelli la semana pasada.

Artículo publicado en Marcha.org.ar –27 de mayo de 2013–.

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