El monocultivo de árboles devora al Iberá

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La avanzada del monocultivo de árboles sobre los Esteros del Iberá (Corrientes) no cesa. La degradación y desaparición de la flora y fauna nativa, la afectación de las aguas y el negativo impacto social de estos emprendimientos motiva por estos días una campaña provincial para reclamar una ley que frene a la industria maderera. En la cuenca del Iberá hay cerca de 200.000 hectáreas forestadas con pinos, donde luego “no va crecer nada”, denuncia Leandro Vásquez, referente de la iniciativa.

Vecino de Riachuelo, este joven estudiante de la carrera de guarda-parque de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), explica que “es necesaria una ley que frene el monocultivo en la reserva”. En ese sentido, junto a otros ciudadanos de la provincia buscan reunir unas 21.000 firmas (cerca del 3% del padrón electoral correntino) para acercarlas a la Legislatura.

Iberá abarca unas 800.000 hectáreas de campos privados, con finalidad productiva.  Imagen: Guardianes del Iberá.
Iberá abarca unas 800.000 hectáreas de campos privados, con finalidad productiva.
Imagen: Guardianes del Iberá.

Iberá es reserva natural provincial desde 1983 y abarca unas 800.000 hectáreas de campos privados, con finalidad productiva, y unas 500.000 hectáreas de la Provincia. En 2007, se la declaró “patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa” (Artículo 65 de la Constitución Provincial), destaca un informe de 2011 elaborado, entre otros entes públicos y del tercer sector, por Parques Nacionales (APN) y Greenpeace.

Dentro de ese esquema que deja lugar a las actividades productivas se dio un progresivo cambio del paisaje en la zona. De ser una región “dominada por la ganadería extensiva sobre pastizales naturales, a la cual se sumaban algunos cultivos (productos fruti-hortícolas para autoconsumo y para abastecer el mercado interno, plantas ornamentales y arroz)”, en los últimos 20 años se pasó a una forestación de 190.000 hectáreas con pinos y en menor medida eucalyptus.

Monocultura

Esta propagación de monocultivo de pinos, destaca el informe, se dio en el marco de políticas tendientes a ampliar la superficie forestal, en paralelo que se pierde la biodiversidad originaria. En el caso de los Esteros del Iberá, el mayor sistema de humedales de Argentina, y “una de las principales fuentes de agua limpia del país”, hay presencia de más de 1.600 especies de plantas y unas 615 especies de vertebrados. La flora y la fauna resisten en una provincia “con la mayor superficie forestada del país – 420.000 hectáreas- y con posibilidades de ampliar esta superficie en 1.000.000 a cerca de 3.000.000 de hectáreas más”.

Vásquez compara que “con otros monocultivos, como el de soja, al ser anuales queda a la vista lo que ocurre en menos tiempo”, pero con el pino “pasan siete años hasta que se ve lo que queda”. El informe de APN detalla que “a partir de los cinco a seis años de implantada la forestación desaparece prácticamente toda la vegetación natural bajo la cubierta de árboles”. “La fauna acuática también puede sufrir procesos de toxicidad crónica o aguda en caso que no existieran medidas cuidadosas de manejo de agroquímicos”, utilizados para limpiar la zona productiva y “por los potenciales cambios en la calidad y cantidad del agua a nivel de sitio y cuenca”.

En cuestión de recursos hídricos el impacto es notable. Las especies forestales “consumen más agua que los pastizales (mayor transpiración)” y “el suelo forestado recibe menor volumen de agua por intercepción del agua de lluvia y evaporación”. Ese nuevo sistema provoca la merma del “agua disponible para el drenaje profundo y escurrimiento superficial”, y en consecuencia “la recarga de acuíferos y de la alimentación de cursos y cuerpos de agua”. Vásquez cita un ejemplo: “Estuvimos tiempo atrás con un hombre en San Roque que atiende su camping y tenía un arroyito. Ahora se le ha secado. Y se quiere morir”.

Esteros para qué y quién

La cuestión social es un eje del informe. En ese pasaje se cita el caso del municipio de San Miguel, que presenta un 40,6% de desocupación, en una zona históricamente ganadera y hortícola, devenida en “una de las de mayor superficie forestada de la cuenca del Iberá”. El análisis plantea que los índices sociales se vinculan “a procesos de expulsión de comunidades campesinas debido a la crisis de las producciones regionales y falta de apoyo por parte del Estado”, que sí subsidia la actividad forestal. Entre otras propuestas, quienes suscriben al documento plantean como opción el turismo dentro de un plan de conservación. En ese punto, también acuerdan desde sectores de Parques Nacionales, militantes ambientales hasta magnates como el estadounidense Douglas Tompkins, propietario de unas 200.000 hectáreas en estos humedales.

Los grandes emprendimientos acarrean desplazamiento de poblaciones.  Imagen: Guardianes del Iberá
Los grandes emprendimientos acarrean desplazamiento de poblaciones.
Imagen: Guardianes del Iberá

Una visión distinta aporta el agrónomo Walter Pengue, quien escribió “La apropiación y el saqueo de la naturaleza”, quien apunta que la cuestión por estos nuevos santuarios está en el centro de la escena. “Especialmente cuando quienes pretenden detentar parte de las decisiones son grandes grupos económicos extranjeros o grandes corporaciones ambientales con fondos ilimitados”, y “no necesariamente los verdaderos defensores de la sacralidad natural como las comunidades originarias” o campesinas.

Esos magnates conservacionistas -sostiene el ingeniero- suele criticar “con vehemencia” el camino de “integrar sociedad y naturaleza o bien aprovechar el conocimiento local y a las etnias y comunidades dentro de los parques como guardianes de la naturaleza”, promover prácticas productivas ancestrales. En otras palabras: “Intentar preservar el territorio con la gente”. Con la llegada de magnates que “compran santuarios naturales, sus reservorios de agua y tierras” entramos en una lógica que “se repite desde el coto de caza del señor feudal hasta nuestros días, bajo las nuevas alternativas de conservación, que hacen que Argentina cuente con más de 60 áreas protegidas privadas”, un 10% de las áreas protegidas del país.

El conflicto en la zona “esconde intereses de mecenazgo conservacionista, relaciones feudales entre patrón y peón, intereses por la explotación de la tierra” y por último la mirada esquiva de quien debe controlar: “un Estado poco ocupado por el desarrollo de su pueblo”.

Publicado en Marcha.org.ar –7 de junio de 2013–

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