Conocimiento popular frente al modelo extractivo

“No todo desarrollo tecnológico es bueno, por eso agradecemos a los intelectuales que son contestatarios con estos modelos (extractivos)”. Eduardo Quispe, miembro de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, planteó así el rol que espera de los investigadores en el marco del foro Agrotóxicos y Salud, producción de conocimiento. El debate tuvo lugar dentro del Décimo Encuentro de Antropología del Mercosur, desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde junio del año pasado, los vecinos de Malvinas Argentinas (departamento Colón) intentan frenar la instalación de la planta de acopio de semillas de maíz transgénico “más grande del mundo”, según informa Monsanto, impulsora del proyecto. Un modelo apoyado por Nación, Provincia, municipio y Poder Judicial.

Por ejemplo, Quispe celebra el informe de cuatro cátedras —Medicina Psicosocial, Alergia e Inmunología, Medicina I, y Clínica Pediátrica— de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC que advirtió las problemáticas sanitarias de los vecinos de Malvinas, receptores de las pulverizaciones con agroquímicos aplicadas en la producción sojera. “La patología respiratoria suma 551 afectados” entre 3,563 encuestados, “con una prevalencia de 15.46% para todos los grupos etarios.” “Es un 50% más alta que la estimada como frecuente en EEUU (hasta 10%)”. Malvinas presenta “el perfil de enfermedades que se reitera en las poblaciones expuestas a pesticidas aerolizados” y el hecho de “someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental”, como el que generará Monsanto “no es recomendable desde el punto de vista médico e intolerable desde el punto de vista social”, plantean los médicos. Y argumentan que “vivir alrededor de los acopios de granos  –más de 200 en este caso– es de alto riesgo para patología respiratoria”, a causa de la dispersión de la cascarilla de maíz rociado con herbicidas, fungicidas e insecticidas.

“Los vecinos aprendieron, y hoy pueden elegir a cuál de los muchos discursos científicos creerle”, destaca la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Imagen: Melina Dassano.

Los vecinos han intentado por la vía judicial y legislativa, tanto a nivel municipal como provincial, frenar la construcción de la empresa. Hasta ahora las instituciones del Estado no han dado respuesta favorable a la asamblea. No obstante, insisten para detener la inauguración de la planta, planificada para 2014.

Gastón Mazzalay, de la Asamblea Malvinas lucha por la Vida, ejemplificó la importancia de hacer que la universidad se funda con la comunidad. Luego de los estudios médicos, a partir de relevamientos realizados junto a los vecinos, y de que diversos especialistas (biólogos, médicos, abogados) se acercaran a explicar qué impacto podía tener la planta de semillas, “el 87% pide que se haga una consulta popular” –según una encuesta de la Universidad Católica de Córdoba– para definir si se acepta a Monsanto en el barrio. “Esas son personas que se informaron, aprendieron, y hoy pueden elegir a cuál de los muchos discursos científicos creerle.”

Discursos silenciados

Uno de los autores del informe sobre Malvinas, el médico Medardo Ávila Vázquez, compartió el panel y llamó a sacar el velo de “las mentiras del agronegocio”, que por ejemplo promueve emprendimientos como el de Monsanto o la expansión de la frontera agrícola bajo el argumento de “combatir el hambre”. Ávila Vázquez indicó que “desde 1986 alcanza la producción de alimentos” para satisfacer la demanda mundial. Y agregó que según datos de Naciones Unidas “en 2010 se tiraron 1.300 millones de toneladas de comida, suficiente para abastecer a un tercio de la población” goblal.

Lo planteado por el médico contrasta por ejemplo con el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA 2020), impulsado por Nación y acompañado por 43 universidades, que expresa el discurso de expandir el actual modelo productivo. En base a datos de Naciones Unidas, el PEA señala que 8.300 millones de personas vivirán en el mundo en el año 2030, es decir 1.400 millones más que en la actualidad, que “deberán ser alimentadas con los recursos naturales utilizando la tecnología actual y futura”. A partir de este escudo discursivo, el PEA llama a aumentar de 33 a 42 millones de hectáreas la producción de granos en el país para 2020, sin dar precisiones acerca de las problemáticas como el desmonte, los desalojos y las pulverizaciones sobre poblaciones que trae aparejado este modelo.

Conocimiento desde abajo

En acuerdo con lo planteado por Quispe, María Godoy, de Madres de Ituzaingó Anexo, sostuvo que “las nuevas tecnologías –que promueve el agronegocio—van en detrimento de nosotros, de los pobres”. En el caso de este colectivo, con más de diez años de lucha contra los agrotóxicos, en las afueras de Córdoba Capital, fueron las propias mujeres del barrio las que debieron emprender la producción de conocimiento, a través de relevamientos sanitarios casa por casa, “cuando el municipio y la Provincia ocultaban la información” sobre el estado de salud de los vecinos y la realidad ambiental de la zona, recordó Sofía Gatica, referente de las Madres.

Tras una década de lucha, lograron sentar precedente en materia judicial cuando el año pasado un productor agropecuario (Francisco Parra) y un aeroaplicador (Jorge Pancello) fueron condenados por infringir la ley de residuos peligrosos (24.051). Darío Ávila, abogado, querellante en la causa de Ituzaingó Anexo, destacó que “fue la lucha de las Madres la que resultó en ordenanzas que limitaron las fumigaciones (10.505 y 10.590) y en jurisprudencia en materia de derecho ambiental”. Este tipo de casos, planteó Cecilia Carrizo, de la Red de Justicia Ambiental, evidencian la “lucha ciudadana con las instituciones del Estado que falsean discursos”. Es decir, se sancionan leyes (ambientales, por ejemplo, pero “no se garantiza el poder de policía para hacerlas cumplir”. Y en el juicio, indicó la magister en Administración Pública (UNC), “tampoco se avanzó en la reparación ambiental ni en el resarcimiento a las víctimas”. Por lo tanto, los tres poderes están comprometidos en esa trama entre la declamación y el efectivo cumplimiento de los derechos ciudadanos.

Mauricio Berger (Red de Justicia Ambiental), doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, recuperó los ejemplos de la Asamblea de Malvinas y de las Madres de Ituzaingó Anexo  y planteó que “la ciudadanía organizada es la primera que construye un sentido de justicia”, por ejemplo “vinculada a la salud o el ambiente”, más allá de los límites que definen las instituciones del Estado. Y son estos colectivos quienes “desafían con sus saberes a los abogados, médicos, y en definitiva a las universidades”.

Artículo publicado en Marcha.org.ar –16 de julio de 2013–

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