Esta vez, la justicia no mordió a los descalzos

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje reconoció la posesión de la tierra de ocho familias campesinas de la comuna de El Chacho, noroeste cordobés, departamento Minas. Cerca de 2600 hectáreas donde en los hechos habitan más de cuarenta familias. En la provincia hay al menos 69 casos de conflictos rurales de tierra, más de mil familias afectadas  y unas cien mil hectáreas en disputa.

“Es un caso testigo que muestra como la Justicia tiene serios problemas estructurales para abordar la problemática de las tierras campesinas”.

El conflicto con resultado favorable llevó casi una década de litigio y enfrentó a las familias coposeedoras con el empresario Martín Buttie. En el proceso, quienes habitaron por generaciones este paraje fueron “criminalizados”, denunciados por usurpar su propia tierra y perseguidos por la policía.

“Este es un punto de inflexión, un caso testigo que muestra como la Justicia tiene serios problemas estructurales para abordar la problemática de las tierras campesinas”. Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y funcionario de la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación, celebra el reciente triunfo en el Poder Judicial.

– ¿Qué simboliza este fallo?

Es muy importante para el norte de Córdoba, para la provincia y la nación porque marca un antes y un después del tratamiento de la Justicia con respecto a la problemática histórica de la tenencia de la tierra del campesinado. Es un punto de inflexión, un caso testigo porque muestra como la justicia tiene serios problemas estructurales para abordar esta problemática.

Podríamos parafrasear a Eduardo Galeano: ‘la justicia es como la serpiente que muerde a los descalzos’. Estas familias en 2004 fueron imputadas por el delito de usurpación de tierras, fueron criminalizados, les pintaron los dedos, fueron estigmatizados en pueblos chicos como es ese paraje de El Chacho, hostigados por el poder policial. Y después de nueve años de litigio se demostró no sólo que no eran delincuentes sino que además tenían derecho sobre la tierra.

-¿Qué estrategia se dieron para obtener esta resolución?

La estrategia fue simple pero contundente, ni más ni menos que evidenciar lo evidente. Las leyes de fondo como es el Código Civil establece que la posesión pública y pacífica por más de veinte años otorga derechos adquiridos (artículo 4.015). Esa distancia entre la práctica y lo que dicen la leyes intentamos acercarlo con trabajo cotidiano, organización y apoyo jurídico.

Evidenciamos en término jurídicos las mejoras que habían hecho las familias. Pudimos demostrar a través de prueba documental y testimonial que las familias venían viviendo y trabajando por más de dos generaciones en esa tierra. Se demostró la construcción de aguadas, mejoras en el predio y de esa manera se probó que nunca hubo ánimo de usurpar sino de defender lo que ellos por voluntad tenían como propio: la tierra que sus abuelos y sus padres habían trabajado.

Poderes cruzados

En su tesis titulada ‘Territorios en Disputa (2012)’, la magister en antropología Sabrina Villegas Guzmán destaca que “las limitaciones de las distintas normas que se crean para hacer frente al problema derivan en que sea el Poder Judicial el encargado, una y otra vez, de la resolución de los conflictos posesorios y de tenencia que se presentan”. Es decir no es el Ejecutivo, el poder político, el que se hace cargo de este cuadro y garantiza el derecho a la tierra del sector. En general, la problemática acaba en tribunales.

Abocada a los conflictos de tierras en el norte de Córdoba, la investigación sostiene que “no sólo la ley asegura un orden injusto al defender a ultranza el derecho de propiedad privada”, sino que el Poder Judicial y todos sus resortes “policía, oficiales de justicia, empleados, opera selectivamente, generando un trato desigual” entre las partes, “que cuentan con distinto poder económico, social, cultural”.

En el caso de Córdoba, Villegas Guzmán recuerda que, en base a un informe legislativo de 2010, a pesar de haberse sancionado en 2004 la ley 9.150, que apuntó a sanear títulos, de 28.133 expedientes realizados (2004 a 2008) sólo se han resuelto el 2% de los mismos. Y apenas 3.235 pertenecen al ámbito rural.

Para los movimientos campesinos la ley se convirtió en letra muerta. Fresneda remarca que la norma surgió justamente porque “más del 60% de las comunidades campesinas del norte no tenían seguridad jurídica de las tierras que venía poseyendo”. Y finalmente “diez años después, esa ley no tuvo resultado” a causa de la falta de política del Gobierno provincial, a cargo en ese período de José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti.

Resistir y avanzar

En abril de este año, el Gobierno nacional hizo público un informe sobre los conflictos en las tierras rurales avalado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, y realizado junto a un equipo del Instituto de Altos Estudios (Universidad Nacional de San Martin).

El documento reconoce que es una “muestra amplia, pero no representativa”. Los números finales hablan de 63.843 de familias en situación de conflicto, en una superficie relevada que alcanza las 9.293.324 hectáreas. En el caso puntual de Córdoba, donde el MCC aportó información, se relevaron 69 casos, que abarcan 119.974 hectáreas. Las afectadas son 1.077 familias campesinas.

Mientras esta puesta a la luz de la problemática fue celebrada por organizaciones como el El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), hubo otro hecho menos feliz: el proyecto de ley de freno a los desalojos, ingresado a inicios de 2011 al Congreso, perdió estado parlamentario. La denominada Ley Cristian Ferreyra (en homenaje a un campesino santiagueño asesinado en 2011) no consiguió adhesión suficiente en los legisladores del oficialismo, que contaban con mayoría, ni de la oposición.

A pesar de no haber obtenido esa norma, Fresneda entiende que se debe avanzar en el trabajo con las provincias ya que “por matriz constitucional la problemática de saneamiento de título es de su competencia”. Por otra parte propone no limitarse a resistir y sólo conservar la tierra sino “institucionalizar políticas para el campesinado como productor de alimentos sanos. Necesitamos iniciativas legislativas para el sector, no sólo desde la perspectiva de sujeto de derecho sino discutiendo la de sujeto productivo”.

Artículo publicado en Marcha.org.ar –13 de septiembre de 2013–

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