Un bloqueo al modelo de agronegocios

Desde el 19 de septiembre ciudadanos de la localidad de Malvinas Argentinas (Departamento Colón), junto a organizaciones sociales de Córdoba y otras provincias, y mucha gente de a pie bloquean los ingresos al predio que la multinacional Monsanto tiene frente a la ruta A88. Las imágenes de la represión policial, los golpes sobre la madre de Ituzaingó Anexo Sofía Gatica y los aprietes de dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina visibilizaron el reclamo. De fondo, si se hace foco, un bloqueo al modelo de agronegocios. Allí, Monsanto planea emplazar un punto clave en su mapa de negocios: almacenamiento de semillas de maíz transgénico para 3,5 millones de hectáreas. El acopio más grande de América. Mientras, “el destino privilegiado de la producción de maíz argentino es la exportación”, como señala el agrónomo Walter Pengue, son los territorios rurales y periurbanos los que pagan el costo sanitario y ambiental de este incremento productivo. Es decir, mayor utilización de agroquímicos, pérdida de diversidad y soberanía alimentaria.

 

Sopla implacable el viento. Frente al predio, Vanina Barboza Vaca (22), miembro de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, carga con “el compromiso como vecino de Malvinas de defender esto por lo que implica el modelo que encabeza Monsanto a nivel nacional y provincial”. Desde su organización reclaman una consulta popular vinculante para definir el funcionamiento o no de este proyecto. Hasta el momento, más de un año de reclamo no ha dado resultado. El intendente radical Daniel Arzani y el gobernador peronista José Manuel de la Sota han negado el diálogo con los asambleístas. A nivel nacional, el 16 de junio del año pasado la Presidenta dio su apoyo al proyecto, al realizar el anuncio de la inversión de Monsanto en Malvinas, desde el Consejo de las Américas, en Nueva York.

“No luchamos por cuestiones abstractas”, explica la joven. “Queremos que se cumpla la Ley General del Ambiente (25.675). No hemos tenido si quiera una audiencia pública.” El artículo 4º de la norma que cita la asambleísta plantea que “la ausencia de información o certeza científica” no debe excusar “la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.” La construcción no debiera avanzar hasta tanto se demuestre que no afectará la zona.

“No luchamos por cuestiones abstractas, queremos que se cumpla con la Ley General del Ambiente” (Vanina Barboza Vaca)

Un informe de cuatro cátedras (Medicina Psicosocial, Alergia e Inmunología, Medicina I, y Clínica Pediátrica) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba apunta que “vivir alrededor de los acopios de granos es de alto riesgo para patología respiratoria”, debido al polvillo de cascarilla de maíz rociado con herbicidas, fungicidas e insecticidas que es venteado al exterior. La planta tendrá 116 silos con capacidad de almacenar 137 toneladas cada uno, según el aviso de proyecto que la empresa presentó el 2 de julio de 2012 a la Provincia. Ese acopio, único en el país por su tamaño, estará a sólo 700 metros de una escuela primaria y un jardín de infantes.

Maíz para qué y quién

Lejos de tener como destino la mesa de los argentinos, el complejo maicero acompaña el perfil agroexportador. Según las metas oficiales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (2010-2020), que impulsa el Ejecutivo nacional, Argentina debe incrementar la superficie sembrada con maíz de 3,7 millones de hectáreas (2010) a 5,7 millones en 2020, un 56 por ciento más. Las exportaciones del maíz como materia prima, que en 2010 reportaron ingresos por U$S 3.048 millones, debieran dejar U$S 4.680 millones en 2020.

En un artículo de 2011, el agrónomo Walter Pengue explica que la producción maicera argentina posee “un elevado coeficiente de exportación (dos tercios de la producción se derivan externamente como grano)”, con dos grandes estímulos: “el mercado de producción de forrajes para la alimentación de animales a corral y el mercado bioenergético”.

Aunque tímido, el mercado de bioetanol crece en el país. La siembra de maíz transgénico impulsada por Monsanto alimenta ese mercado. Un reporte de junio de este año de la Bolsa de Cereales de Córdoba destaca que “la producción de bioetanol alcanzó las 53.901 toneladas en los primeros tres meses de 2013 y casi se duplicó respecto del mismo período de 2012”, un 94,7% más.

“El fuerte impulso que se está dando alrededor de la ‘cadena de maíz’, al igual que con el cultivo de soja, muestra la aparición de fuertes clúster productivos que no sólo involucran cuestiones tecnológicas de cambios importantes sino aspectos financieros, legales, logísticos, puertos que impulsan y presionan sobre el sistema para su consolidación”, analiza Pengue.

En este marco, los representantes del agronegocio, como Monsanto, apelan al discurso de agricultura sustentable, y ubican al maíz como el elemento clave en la rotación con la soja. En realidad, sostiene Pengue, se “esconde que esta nueva intención conlleva a una difusión masiva de nuevos híbridos transgénicos de estos maíces”. En otras palabras, “el modelo de siembra directa encuentra al maíz transgénico como un componente importante del planteo rotacional” entre soja y maíz, que “refuerza la tesis de una presión adicional sobre el sistema al impulsarse el consumo creciente aún más del herbicida (glifosato)”.

La otra pata del negocio

Según la historia oficial que presenta en su web, en la planta de Zarate Monsanto produce herbicidas “entre los que se destaca el Roundup líder en el mercado en los últimos treinta años”. Continúa el relato con la “exitosa” implementación del sistema de siembra directa en los años 90, que “motivó a su vez el crecimiento exponencial de las ventas de Roundup”. En 1998 se invierten “136 millones de dólares en el negocio de agroquímicos”, centrados en la planta de Zárate, “con el objetivo de instalar una planta de producción de glifosato”, que hasta ese entonces se importaba desde Estados Unidos, y ampliar otras líneas de productos dentro del rubro de agrotóxicos. La multinacional logra en el 2000 concretar este proyecto “con la inauguración de la planta de glifosato, con capacidad de producción de 120 millones de litros equivalentes de Roundup”. En octubre de ese año, finalizan las obras en Zárate pasando a ser “la planta de agroquímicos más grande de América Latina”. Aún así no bastó y 2004 inaugura otra planta de producción de agroquímicos en Pergamino, provincia de Buenos Aires.

Los herbicidas en Argentina, que facturaban 192,4 millones de dólares en 1991 alcanzaron los 400,1 millones en 2001. En 2011 la cifra creció a 1215,4 millones, según datos de la propia Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE). Allí conviven las grandes empresas del sector, Monsanto incluida.

Luciana Moltoni, del Instituto de Ingeniería Rural del INTA, destaca en un artículo de 2012 que el aumento de 1000 por ciento del volumen de uso de herbicidas (1991-2011) se enmarca en la “sojización” del país, apuntalada por “un paquete tecnológico sostenido globalmente y siendo una de sus premisas el uso intensivo de herbicidas”. Monsanto es referente de este modelo, es la cuarta empresa a nivel mundial en facturación por venta de agroquímicos y maneja cerca del 30 por ciento del mercado de semillas internacional, según datos de ETC Group, dedicado a investigar a las empresas de agronegocios.

No hay convivencia posible

Al píe de la ruta A88, Andrea Quiroga, del Movimiento Campesino de Córdoba, analiza que el avance de esta planta “no va solamente contra los vecinos de Malvinas, es una multinacional parte de un modelo económico y político que nos afecta en nuestros territorios, campesinos y urbanos”.

La militante rural remarca que detrás del avance de esta multinacional hay “un paquete que viene con desmonte, desalojos de familias campesinas y una contaminación muy fuerte”. Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados 12 millones de personas del campo y zonas periurbanas  padecen cada año la pulverización con herbicidas, fungicidas e insecticidas, unos 340 millones de litros de agroquímicos aplicados en 2012. Hace 20 años sólo se habían utilizado 30 millones de litros. Quiroga comparte el dolor por los “muchos compañeras y compañeros, niños con enfermedades y muchos que no están”. Según la red médica “más del 30 por ciento” de las muertes en zonas expuestas al uso indiscriminado de agrotóxicos obedecen a casos de cáncer”. La media nacional, en cambio, es menor a 20 por ciento.

Mientras Monsanto apuesta por aumentar la producción de maíz transgénico con destino portuario, hay otra agricultura, menos publicitada, más humana, que desde tiempo ancestral hace de la soberanía alimentaria un práctica cotidiana. Nuestro territorio cuenta con un “rico historial productivo del maíz, vinculado a razas locales (44) que se vinculan a prácticas aborígenes y campesinas”, apunta Pengue. En este caso esos maíces no irán a llenar tanques de autos ni a la especulación del mercado granario internacional, “su principal destino es la satisfacción de las necesidades básicas de la población local”, por ejemplo “el mantenimiento de prácticas religiosas y vinculaciones con la Madre Tierra (Pacha Mama) que superan en amplitud la mera valoración económica del recurso”. El maíz deviene “en un importante elemento de consideración, cuando el mismo se vincula directamente a la soberanía alimentaria de los territorios involucrados”.

El bloqueo a Monsanto va más allá de una lucha local. Quiroga concluye que no hay convivencia posible, “el modelo del agronegocio hace desaparecer al modelo campesino”.

Artículo publicado www.radiolaronda.com.ar -3 de octubre de 2013-

 

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