Años de lucha

La reciente secuencia de una mujer arrastrada por la Policía de Córdoba en una ruta por defender el ambiente y la vida quedó en la retina de más de una persona. La mujer: Sofía Gatica, miembro del colectivo Madres de Ituzaingó Anexo, referente de la lucha contra el uso de agroquímicos en Argentina y el mundo. Escenario de la brutalidad policial: ruta A88 en Malvinas Argentinas, a veinte minutos de Córdoba Capital, donde la multinacional Monsanto busca instalar la planta de semillas transgénicas más grande del mundo. Hoy lugar emblema de la resistencia contra los agronegocios y sus impactos sociales, ambientales y sanitarios (ver Con el cuerpo).

Sofía Gatica nació en el poblado de Quines, norte de San Luis, departamento de Ayacucho. A los 6 años se iba expulsada de eso que genéricamente se llama campo. Abandonaba la vida rural, empujada por el acaparamiento de un río por parte de privados. «Sin agua mi familia ya no podía producir nada», recuerda de aquella infancia, de «padres campesinos, que vendían ganado y uvas». Ese destino determinó que la pequeña creciera en Córdoba. Décadas más tarde, la historia se repitió, esta vez en clave inversa: desde el campo presionaron para que abandonara una zona urbana, el barrio Ituzaingó Anexo de las afueras de la ciudad de Córdoba. En esta oportunidad, el problema no fue la escasez, más bien el exceso; la lluvia permanente de agroquímicos que invadió los alrededores de la casa de esta mujer, su marido y sus hijos, y las casas de otras mujeres y otros maridos e hijos. El vecindario todo se convirtió en una barriada dominada por enfermedades hasta entonces desconocidas.

Madre del siglo XXI, nacida de las nuevas luchas que surgen en el territorio, Sofía Gatica (46) carga una historia de dolor convertida en pedido de justicia: «¡Paren de fumigar!», gritó una y otra vez, frente a los empresarios agropecuarios, funcionarios, periodistas, y agentes judiciales. La pérdida de una hija nacida con una malformación en una localidad donde «el cáncer se había vuelto normal», la ubicó cara a cara con una maquinaria de la que poco, más bien nada, sabía: los agronegocios a cualquier precio; la contaminación con agrotóxicos como parte de un modelo de producción.

“Somos capaces de cualquier cosa para frenar este modelo de muerte”
Imagen: Bibiana Fulchieri

 

Diez años de caminar la calle, hospitales, tribunales, medios y despachos públicos sembraron algunas satisfacciones entre tanto dolor. Sofía y el grupo de Madres de Ituzaingó Anexo, colectivo al que ella dio vida, pudieron lo que nadie: un productor agropecuario y un aeroaplicador de agroquímicos fueron sentados ante un tribunal y recibieron condenas por contaminar el ambiente. El Poder Judicial confirmó lo que denunciaban en soledad desde hacía una década: el uso indiscriminado de herbicidas, insecticidas y fungicidas tiene consecuencias para la salud.

La historia de estas madres no quedó en el pago chico. Artículos periodísticos y académicos, documentales, convocatorias a debates públicos en el exterior fueron algunas de sus conquistas. El reconocimiento de mayor impacto llegó en abril del año pasado. Sofía Gatica fue distinguida con el premio Goldman, llamado Nobel ambiental o verde, el máximo galardón internacional en la materia. Un reconocimiento a «los héroes populares del medio ambiente», como define la institución que otorga esta distinción desde 1990. En ese marco fue recibida en Washington por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; frente al mandatario, Sofía tampoco calló. Denuncié el daño que están haciendo al mundo las multinacionales de origen estadounidense que producen agroquímicos».

¿Cómo surge el grupo de Madres de Ituzaingó Anexo?

–En 2001 formé Madres, cuando empecé a trabajar en el barrio por la problemática del cáncer. En 1997 había perdido a Nandi, mi hija recién nacida con una malformación de riñón. Y mi hijo Isaías no podía caminar, quedaba paralizado, después de que fumigaban. Los médicos me decían que era un virus. Como no creía en eso empecé a averiguar, porque enfrente de casa estaba Susana que también había perdido a su hijo; Claudia tenía su hermano con leucemia; Norma tenía su hija de poco más de 20 años que también había fallecido. Entonces, empecé a tomar los datos, a preguntar de qué habían fallecido esas personas, dónde y con qué médico se atendían. Y cuando visitaba a un vecino me mandaba a que viera a otro que también estaba enfermo. Así relevé unas dos manzanas y teníamos más de 70 casos de cáncer.

¿Qué hicieron con esos datos?

–Nos preguntábamos qué causaba el cáncer. La verdad, no sospechaba de nada en concreto: o eran las fumigaciones o los transformadores o el agua. Un vecino hizo el listado en una computadora, marcamos los enfermos en un mapa e hicimos un pedido a la Provincia para que investigara. Jamás nos dieron respuesta.

¿Cuál fue el siguiente paso?

–Como nadie se hacía cargo juntamos a la gente y salimos a la calle a decir «tenemos cáncer, ayúdenos». Entonces, nos ven en la tele los funcionarios de la provincia, nos llaman, y nos dicen «están tomando agua con endosulfán (agroquímico que tiene prohibida su venta en Argentina a partir de julio de este año)». Para ponernos el agua potable en el barrio nos piden que firmemos un acuerdo por el cual no íbamos a hacerle juicio al Estado ni nada. Teníamos la gente en la calle, había presión por solucionar lo del agua y entonces firmamos.

De todas formas, avanzaron por la vía judicial y lograron que se condenara a los responsables de fumigar.

–En 2004 hicimos la primera presentación en la Justicia y en 2008, el doctor Medardo Ávila Vázquez (entonces subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba) hizo una denuncia por las fumigaciones en el barrio. El año pasado recién logramos que se lleve adelante el juicio, que sabemos fue importante porque hubo condena pero no nos dejó conformes porque esperábamos verlos presos.

Esa lucha tuvo un reconocimiento, ¿cómo se enteró de que había ganado el premio Goldman?

–En 2009 Nilo Cayuqueo, un referente mapuche, nos dijo que podía presentar el caso nuestro en el exterior y a partir de eso postularnos a un premio. A Nilo no lo vimos más. Y una noche del año pasado estaba viendo el final de una novela y me suena el teléfono. Me dicen: «La llamamos de los Goldman», que es el premio Nobel verde. Del otro lado, escucho: «Lo ha ganado usted». Entonces me avisan para que viaje a Estados Unidos. No entendía bien de qué me hablaban y corté. No les di bola. Es que estaba viendo la novela –dice, entre risas–. Le conté a Sergio, mi marido, y él tampoco creía esto del premio. Un tiempo después me mandaron un mail donde decía que abra una cuenta para poder viajar porque ellos sabían que no teníamos plata. Finalmente, viajamos a San Francisco a recibir el premio, y luego a Washington.

Ahí conoció a Barack Obama y pudo presentarle un reclamo.

–Como sabía que me iba a recibir él, dije «le voy a pedir que investigue a todas las multinacionales que están haciendo daño a nivel mundial». Entonces, le encargué a unos compañeros de la Rapal (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina) el informe del Tribunal de los Pueblos, que es una investigación internacional sobre los daños que hacen esas grandes empresas que producen agroquímicos, como Monsanto. Cuando estábamos en la Casa Blanca, él se acercó, fue una cosa muy rápida, y el informe se lo dejé a una secretaria.

¿Qué respuesta tuvo?

–Varios meses después me llega a mi casa un sobre hermoso, con dos hojas. El texto dice: «Nada puedo hacer contra la multinacional Monsanto, sigan luchando ustedes, lo están haciendo bien». Esa fue su respuesta. Una cosa de locos que el presidente de Estados Unidos no pueda hacer nada. Es grave.

Se las ha llegado a comparar con las Madres de Plaza de Mayo por su lucha inclaudicable.

–Sí, incluso Norita Cortiñas, de Línea Fundadora, se acercó a nosotras, igual que Adolfo Pérez Esquivel. Tratamos de hacer, como hicieron ellas, la mayor difusión de nuestra experiencia para ayudar a que la gente no pase lo que nos pasó a nosotras. Una viaja todo el tiempo para contar su experiencia, entonces no estás con tu familia, no ves crecer a tus hijos (Isaías de 22, Micaela de 19 y Violeta de 15). Y por esta lucha también me han amenazado, se han metido con armas en mi casa y me dijeron que «deje de joder con la soja». Muchas veces tenía miedo de que mis hijas no vuelvan a casa. Y desde hace unos dos años me fui del barrio, donde los punteros hicieron que nos peleáramos entre vecinos, y nos pusieron la gente en contra. Todo eso es parte de la lucha nuestra. No le deseo a nadie esto.

¿Cómo era su vida antes de involucrarse en el tema ambiental?

–No sabía siquiera qué era Monsanto. Yo hacía artesanías, hacía pinturas y me iba a vender en el Mercado de las Pulgas. Ahora, desde 2005 trabajo como administrativa en la municipalidad, dentro del área de Salud. Y me dedico a difundir la experiencia nuestra.

Y también acompaña otros reclamos, como el de Malvinas.

–Desde el 19 de setiembre que estamos bloqueando la construcción de la planta de Monsanto en Malvinas y el 30 llegó la policía de la provincia sin orden judicial para sacarnos y que avancen los camiones de la empresa.

¿Cómo reaccionaron ustedes?

–Unas 10 personas nos tiramos en la ruta para que no pasen los camiones. Varios se fueron levantando cuando vino la policía, pero yo me quedé. Entonces me tironearon, me arrastraron y me golpearon la cabeza contra el piso. Me acuesto de nuevo, me vuelven a sacar y al rato me desvanezco.

Te trasladaron a un hospital.

–Sí, y tuve mucho miedo, no sentía el cuerpo, movía las piernas los brazos pero sentía el cuerpo duro. Pero con las horas cuando ya sentí que podía moverme firmé, salí del hospital y volví al corte.

¿Cree que verán los resultados de esta lucha? ¿Se modificará el modelo de producción?

–A nivel nacional creo que poco a poco va a cambiar esta realidad, pero para eso vamos a tener que luchar mucho. Somos capaces de cualquier cosa para frenar este modelo de muerte, como le llamamos. En mi caso me involucré porque me pasó a mí y porque no quiero que le pase a otro. Ahora ya no puedo salir de esta lucha porque estoy convencida de que estamos haciendo un bien para la gente y pienso que quizá algún día lograremos algo. Quien tenga un poco de corazón va a decir: «Estas mujeres hicieron historia».

*Sospecha Fundada

En el transcurso de estos años de lucha distintos estudios apuntalaron lo que las Madres de Ituzaingó Anexo sospechaban. El ambiente del barrio estaba contaminado con endosulfán y glifosato, entre otros agroquímicos, productos que los empresarios hacían echar en los campos sin medir los costos sanitarios para quienes vivían alrededor de las parcelas cubiertas con soja. Recién en 2012, ocho años después de la primera denuncia, dos productores (Francisco Parra y Jorge Gabrielli) y un aeroaplicador (Jorge Pancello) fueron a juicio oral acusados de violar la ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051), que en su artículo 55 prevé penas para quien «envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general». En agosto del año pasado, la Cámara I del Crimen de Córdoba condenó a tres años, sin prisión efectiva, a Parra y a Pancello. La palabra judicial sentó un precedente en el país y la región.

Durante el juicio salió a la luz uno de los datos más contundentes acerca de las sospechas que Sofía Gatica y sus compañeras tenían. Un estudio médico oficial comprobó que 114 niños (sobre un total de 142 analizados) presentaban agroquímicos en sangre. Lo que las Madres de Ituzaingó Anexo lograron hacer visible es sólo una muestra local. Algunos números relevados por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, colectivo sanitario dedicado a la problemática de las pulverizaciones, ilustra la cuestión a escala nacional. En Argentina, 12 millones de personas del campo y zonas periurbanas conviven próximas a la lluvia de herbicidas, fungicidas e insecticidas.

En 2012 se utilizaron unos 340 millones de litros de agroquímicos en la producción agropecuaria. Hace 20 años sólo se habían utilizado 30 millones de litros. Esta red médica, conformada en 2010, destaca que más del 30% de las muertes en zonas expuestas al uso indiscriminado de agrotóxicos obedecen a casos de cáncer. Por contraste, la media nacional es menor a 20%.

*Con el cuerpo

 En la actualidad, las Madres acompañan el reclamo de los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas (departamento Colón), ubicada a 20 minutos de la capital cordobesa. Allí la multinacional de origen estadounidense Monsanto busca instalar la planta acopiadora de semillas de maíz transgénico más grande del mundo, 216 silos en total. Estudios de la Red Universitaria de Ambiente y Salud advierten sobre el impacto social y sanitario de este emprendimiento, que liberará al aire cascarilla de maíz rociada con diversos biocidas a sólo 700 metros de una escuela. En apoyo a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Sofía Gatica asegura que «Monsanto no se va a instalar porque todos estamos muy convencidos del daño que va a causar si esa empresa abre sus puertas».

El intendente de Malvinas, Daniel Arzani (Unión Cívica Radical), emitió la prefactibilidad para iniciar las tareas de construcción el 16 de marzo de 2012. Desde entonces los vecinos han intentado sin éxito frenar el proyecto por la vía judicial. Ante la falta de respuesta por parte de todas las vías institucionales, ejecutivas, legislativas y judicial, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida decidió desde el 19 de setiembre bloquear los accesos al predio de Monsanto emplazado en la ruta A88. Las Madres de Barrio Ituzaingó se plegaron al reclamo «con el cuerpo».

Antes habían logrado que a nivel municipal se sancionaran ordenanzas, de emergencia sanitaria (10.505/02) y de prohibición de  pulverizaciones a menos de 2.500 metros de la zona urbana (10.590/03). En 2004, Córdoba sancionó la ley 9.164 que pone un límite de 1.500 metros las aplicaciones aéreas y de 500 metros para las terrestres respecto de las zonas urbanas, con excepción de los productos clase III y IV, los considerados menos tóxicos según el Servicio Nacional de Sanidad Animal y calidad Agroalimentaria (Senasa).

La lucha de estas mujeres no se quedó en su caso particular. Supieron estar cerca de otros colectivos afectados por las pulverizaciones, y poco a poco se acercaron a problemáticas que estaba directamente vinculadas con el mismo modelo de agronegocios que las tocó de cerca: los desmontes, los desalojos de campesinos, los planes de estudio en las universidades que priorizan un perfil rentístico por sobre el interés social fueron temas con los que se involucraron.

Artículo publicado en revista Acción (IMFC) –noviembre 2013–

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