La lucha contra el extractivismo en el territorio nacional

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Los golpes del extractivismo no dejaron de sentirse en 2014. A la par, la resistencia se fortaleció en muchos territorios y no son pocas las luchas a destacar del año que acaba de irse. Monsanto sigue sin poder construir su planta en Malvinas Argentinas (Córdoba), en Misiones el pueblo le dijo ‘¡No!’ a las mega-represas, y tras años de lucha los movimientos campesinos lograron una ley de agricultura familiar. La lista de acciones en defensa del territorio es inagotable y bien vale la pena destacar cada una. Por razones prácticas sólo se mencionarán algunas que se han convertido en referencia.

Un gigante dormido

El caso de Monsanto en Malvinas Argentinas continúa como una de las grandes banderas que flamea frente al agronegocio. La lucha iniciada a mediados de 2012 para que no se instale la planta de acopio de semillas de maíz transgénico más grande de América Latina sigue firme. A inicios de 2014, la asamblea de vecinos logró un importante triunfo. El gobierno provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de la empresa. Desde entonces, la construcción quedó frenada (http://goo.gl/LDzQ6f).

“La estrategia de Monsanto es ratificar la decisión de construir la planta, apoyarse en la presentación de la nueva evaluación de impacto ambiental y presionar al gobierno provincial para la reglamentación de la nueva ley de ambiente y que esté todo listo” para funcionar, sostiene Cecilia Carrizo, magister en Administración Pública y docente del seminario de Justicia Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba. Del lado de los vecinos, no hay que perder de vista que “el avance de la lucha contra Monsanto es haber detenido y complicado la radicación de la empresa”. Para dimensionar este dato: la compañía es primera en venta de semillas y cuarta de agroquímicos a nivel mundial, según el ETC Group, especializado en el análisis de este tipo de multinacionales. Carrizo señala que en los últimos meses “el tema se ha diluido en la opinión pública” mientras que “gana protagonismo el tema electoral”. En ese sentido habrá que ver cómo se para la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida en este año que comienza. Monsanto había hecho público que dejaría pasar las elecciones para volver a motorizar el proyecto.

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Monsanto insiste con su proyecto en Córdoba

 

Recientemente, otro pueblo cordobés se puso en el centro de la escena.  Entre el 15 y el 19 de octubre Monte Maíz, ubicado en el sudeste provincial, fue relevado casi en su totalidad por docentes y estudiantes de medicina de la UNC, a partir de una actividad de la Cátedra de Pediatría (http://goo.gl/2QlFoD). La demanda había surgido de los propios vecinos, nucleados en la Red de Prevención de la Salud, y (esto sí es una novedad) del propio intendente, Luis Trote. Los casos de cáncer y “enfermedades raras” se multiplicaron en los últimos años. Los datos preliminares del relevamiento coincidieron con los que percibía la gente de a pie. Sobre una primera muestra de 594 personas, se  indica que los casos de cáncer detectados en el último año alcanzan al 1,07 por ciento de la población. El promedio que marca la Organización Mundial de la Salud como normal es de 0,2 por ciento. Los pacientes oncológicos representan al 2, 32 por ciento de la ciudad, mientras que la prevalencia de la OMS es de 0,46 por ciento. Entre las problemáticas ambientales que señalan los vecinos y que rápidamente salta a la vista: depósitos de agroquímicos junto a cualquier vivienda de la ciudad, fumigaciones sin control, acopios de granos en medio del pueblo.

El estudio impactó en la opinión pública y la reacción de empresarios, comunicadores y funcionarios que defienden el agronegocio no se hizo esperar. Hay mucho para señalar sobre esto, como el intento de desprestigio a los profesionales que encararon el trabajo, pero tal vez el programa que Gustavo Mathieu (Radio Mitre) dedicó a fustigar el estudio sea lo que mejor simbolice esta cruzada (http://goo.gl/dCAHGY). “Nos marcaron la agenda, y a mí me puso loco que nos marquen la agenda desde afuera, un sector que no tiene nada que ver con el campo”, se despachó, ladeado y apuntalado por Juan Cruz Molina, secretario de agricultura de Córdoba; Gustavo Irico, decano de la Facultad de Medicina, y la agrónoma y docente de la UNC Alicia Cavallo.  Todo un equipo de primera para enfrentar a un simple grupo de vecinos que defiende su salud.

Mientras se aguardan los resultados definitivos del estudio que incluye análisis de suelo, agua y cascarilla de granos esparcidas por el pueblo, el caso Monte Maíz demostró una vez más que el trabajo académico en defensa de la salud frente al impacto del agronegocio, molesta y mucho.

Democracia real

Misiones y su lucha contra las represas merece un capítulo especial. Frente a la negativa del gobierno provincial para dar participación a la ciudadanía en proyectos de alto impacto social y ambiental, fueron las propias organizaciones sociales las que implementaron mecanismos democráticos. La consulta sobre la aceptación o no de más represas en la Provincia contó con más de 120.000 votantes. En localidades que se verían afectadas por el proyecto argentino-brasileño Garabí-Panambí, como Alba Posse votó más del 80% del padrón electoral a pesar de que la elección no era vinculante. Todo un ejemplo de democracia participativa. Los resultados a nivel provincial dejaron un claro rechazo a estas iniciativas: 116.598 votos (96,82%) contra las represas.

“Las represas provocan embalses que inundan pueblos enteros”, dice Sergio Alvez, coordinador del Equipo de Comunicación de la Consulta Popular sobre Represas en la Revista Superficie (http://goo.gl/UsCQv2). En este caso serán 90.000 hectáreas afectadas. “Son geografías que ante este tipo de emprendimientos, desaparecen. Con el territorio, se destruye la historia, la cultura, los recursos naturales, los lazos comunitarios y las condiciones socioeconómicas de subsistencia”, describe.

Consultado por este cronista, Alvez enmarca este acto eleccionario como “una instancia histórica en la discusión –no oficializada por los estados intervinientes- del modelo energético en nuestra región”. Y apunta que “además de las cuestiones técnicas y diplomáticas” estos proyectos deben hacer lugar “a la salud pública, a los derechos humanos, al acceso a la información, al medio ambiente, al territorio, a la cultura en su más amplia noción”.  Alvez no duda en ubicar a esta consulta popular como “un capítulo más en el rico historial de resistencia populares en Latinoamérica,  que decide aplicar una metodología-  de la democracia directa- que otras experiencias inspiradoras han transitado, en pueblos como Loncopué, Esquel, Malvinas Argentinas”.

De cara al año que comienza y pese al silencio de los grandes medios, desde la ‘Mesa por el No a las represas’ confían en “profundizar la difusión e incluso construcción de matrices energéticas alternativas, específicas, modelos populares respetuosos con los derechos humanos y el medio ambiente, para ofrecer a la sociedad la posibilidad cabal de seguir tomando conciencia de que es necesario, pensando en las generaciones futuras, detener las grandes represas y avanzar hacia otras formas”.

Sonrisas y llantos campesinos

El fin de año llegó con una nueva norma a favor de las organizaciones campesinas. La denominada ley de agricultura familiar fue parte de un proceso de “más de cuatro años”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina. La discusión contó con aportes de organizaciones como el Frente Nacional Campesino, la Asamblea Campesino Indígena del Norte Argentino, el Movimiento Campesino de Liberación y el Foro de la Agricultura Familiar.

Montón destaca algunos aspectos de la nueva norma: “Incluye la suspensión por tres años de los desalojos, así como un proceso de regularización dominial para el sector; establece el interés público de la agricultura familiar campesina indígena”.  La norma será de “aplicación en la totalidad del territorio de la Nación Argentina, invitándose a las provincias a adherir a la misma o adecuar su legislación, sancionando normas que tengan un objeto principal similar al de la presente ley”, aclara el artículo 8°. Habrá que tener en cuenta el rol de las provincias en la práctica de esta normativa.

Por otra parte, “se establece un Consejo Nacional de Agricultura Familiar en el ámbito de la Jefatura de Gabinete con participación de todos los ministerios para establecer políticas para el sector”, agrega el referente de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo-Vía Campesina. Y destaca, que luego de la polémica sanción en Diputados donde no se incluyó el financiamiento, hubo un compromiso del oficialismo a que “en la reglamentación se establezca un presupuesto mayor a 1500 millones de pesos para el 2015”.

En la parte negativa del balance, “hay una ley de agroquímicos aprobada por Diputados que es un verdadero retroceso”. “Hay que decir que (el kirchnerista formoseño Luis) Basterra, es quien impulsó esa ley” y también “hace lobby por la ley que quiere Monsanto para las semillas”, apunta Montón sobre las contradicciones en las líneas que impulsa el oficialismo. El MNCI, explica, ha establecido una “alianza estratégica” con el Movimiento Evita para “disputar poder institucional” dentro del Gobierno.

En esa línea de objetivos, “queda lograr la función social de la tierra y nuevas herramientas para permitir que las familias que fueron expulsadas del campo en estos 30 años puedan retornar a la tierra”. Sólo en los 90’, el MNCI calcula que dejaron el campo 300 mil productores. En la actualidad, hay al menos 857 situaciones conflictivas en todo el país, que afectan a más de 60.000 familias y una superficie de más de 9 millones de hectáreas, según un relevamiento parcial que lleva el sello del Ministerio de Agricultura. Montón resalta una realidad poco difundida en Argentina: “La lucha por la tierra la hemos dado en todo el país, con compañeros procesados, encarcelados y amenazados”.

Tal vez uno de los casos que simbolice de forma más cruda ese cuadro sea el asesinato de Cristian Ferreyra, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina, ocurrido en el paraje San Antonio en 2011 (http://goo.gl/QsDkZT). Tras años de espera, finalmente hubo sentencia en diciembre pasado. Javier Juárez, el asesino material fue condenado a diez años de prisión, mientras que el empresario sojero Jorge Antonio Ciccioli, “autor intelectual”, según definió el Mocase, y “verdadero responsable de la violencia instrumentada contra los campesinos” fue absuelto de todo cargo.

Este hecho “permitió poner en la discusión nacional el problema de la tierra y la verdadera cara de los agronegocios, que son la expresión pura del capital financiero en el campo”.  “Esta trama que involucra a fiscales, funcionarios provinciales y empresarios que contratan una banda y la proveen de armas, deja claro que el agronegocio es violencia y violación de derechos humanos. Y en este caso, asesino”, reflexiona Montón, que advierte que apelarán el fallo.  Otra de las luchas que continuará este 2015.

Artículo publicado en Marcha.org.ar –19 de enero de 2015–

 

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