Vivir en Libertad, una lucha campesina

“Estamos otra vez con ánimo”, dice Mario Bárcena, productor familiar del norte cordobés, a cinco meses de haber sufrido el remate del campo que habita su familia ancestralmente. A pesar de ese revés, este integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) junto a unas cincuenta familias permanece en el territorio. Sin embargo, la posibilidad de un desalojo inminente marca la agenda cotidiana. La nueva ley de Agricultura Familiar, un triunfo reciente de las organizaciones campesinas, aún es insuficiente para balancear a favor de los sectores populares este tipo de casos.

Ubicado en el departamento Ischilín, el campo La Libertad es símbolo de producción campesina: la cría de ganado mayor y menor, el aprovechamiento del monte, y la elaboración artesanal de alimentos son algunas de las actividades que  hacen a la identidad de las cerca de cincuenta familias que habitan este territorio, de 12.500 hectáreas. Protectores ancestrales del bosque nativo, y abastecedores de la mesa de sus vecinos, estos campesinos habitan desde siempre esa tierra. Ese dato no impidió que los embarren en procesos judiciales por tenencia irregular de la propiedad. Finalmente, como una ironía y tras dos décadas de conflicto, al final del año de la agricultura familiar (2014) llegó el remate de La Libertad.

La historia comenzó hace veinte años. A pesar de estar habitado ancestralmente por pobladores de esa región, el lote fue comprado e hipotecado por la firma Feigin antes que se declarara su quiebra. Feigin había contraído originalmente una deuda con el ya desaparecido Banco Social, reconvertido al Banco de Córdoba. La entidad bancaria transfirió la hipoteca y, finalmente, la deuda recaló en la firma Fribel S.A. Los acreedores buscaron todos los caminos para cobrar, siempre con el remate como principal opción. A pesar de los pedidos al gobierno provincial para que expropiara el campo, los reclamos en el Congreso Nacional y las constantes movilizaciones, el remate llegó en diciembre pasado. No importó que familias como la de  Bárcena habitaran por más de 250 años esas tierras. “Mis abuelos y mis padres han vivido y muerto allí”, dice Bárcena hasta el cansancio.

Han pasado algunos meses de esa secuencia que Mario vivió en tribunales. Escuchar que se aceptaba la oferta por el campo y que el remate se concretaba con las familias adentro fue un golpe pesado. “Lo lamento por el comprador, nosotros vamos a seguir viviendo ahí”, decía el campesino a este cronista por esas horas, todavía consternado. Aunque permitió la subasta, el Poder Judicial encarnado por el juez Sergio Ruíz reconoció la existencia  de las familias que habitan el lugar, una situación poco frecuente. “Ellos (los compradores) tienen que hacer un juicio de reivindicación, y recién entonces se haría el pedido de desalojo”, explica Mario, ya muy curtido en la cuestión jurídica. Pero aclara “estamos fuertes otra vez, con ánimo”.

Mario reclama que el Gobierno expropie el campo en favor de las familias campesinas.
Mario Bárcena quiere mantener la vida que su familia ha defendido por más de 200 años.

Una deuda histórica

La Libertad es un ejemplo de los 69 casos de conflictos rurales de tierra, que afectan a más de mil familias  y abarcan unas cien mil hectáreas en disputa en Córdoba. Los datos se desprenden de un informe, presentado por Agricultura Familiar de la Nación en 2013 y que tiene alcance federal. El estudio eleva a 857 situaciones de conflictos que afectan a familias campesinas en todo el territorio argentino y reconoce que esos números son sólo una muestra.

Ese estudio fue realizado con participación de varias organizaciones rurales de base como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, y el Frente Nacional Campesino, entre otras. De alguna forma ese trabajo fue la antesala de la ley nacional de la agricultura familiar, sancionada a fin del año pasado. La norma suspende por tres años los desalojos de familias campesinas, impulsa un proceso de regularización dominial para el sector, y declara el interés público de la agricultura familiar campesina indígena.  Sin embargo, su plena aplicación estará directamente vinculada a la adhesión de las provincias, según precisa el artículo ocho de la normativa. La sanción no estuvo exenta de polémica. Tras no haberse fijado presupuesto para su aplicación, el oficialismo se comprometió a establecer un monto mayor a 1500 millones de pesos para este año, que se reflejaría en la reglamentación.

La sanción de esta ley viene a cubrir una deuda histórica del Estado, según explican las organizaciones que participaron en el proceso de redacción. La directora de Tierras de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), Victoria Gauna, señala que “el principal eje es la creación un banco de tierras para familias que han sido desplazadas, algo inédito”. No obstante, esta abogada, también referente del Movimiento Campesino de Córdoba, aclara que “aún todo está supeditado a la ejecución”. Además de  tarea que debe encarar el gobierno nacional, será fundamental lo que realicen las provincias. “Algunas como Salta tienen legislación previa, pero ninguna una norma tan integral, que aborde temas como tierra, salud, educación, producción, comercialización”, explica. Las provincias pueden adaptar sus legislaciones o directamente adherir a la ley nacional.

La ley y el territorio

Consultada sobre qué impacto tiene hoy la ley en casos como el de la Libertad, con el cual Gauna trabajó durante años, la abogada entiende que “va a depender de lo que regulen las provincias, que son las que legislan sobre sus recursos naturales, y su suelo”. La nueva normativa “aparece como una nueva herramienta para establecer reclamos” ante litigios por la tierra, pero en la práctica hoy no resuelve este tipo de situaciones.

Mientras que en el balance de estas organizaciones campesinas la sanción de la ley fue sin dudas una de las conquistas más importantes de los últimos años, no todas fueron buenas en el año de la agricultura familiar. La absolución del empresario José Ciccioli en el juicio por el crimen de Cristian Ferreyra (Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina) ocurrido en el paraje San Antonio en 2011 marcó que la lucha todavía es demasiado desigual. Para el Mocase, el Poder Judicial amparó al “autor intelectual” y “verdadero responsable de la violencia instrumentada contra los campesinos”, aunque condenó a Javier Juárez, autor material del homicidio a diez años de prisión. La Cámara Criminal de Santiago del Estero, compuesta por Elida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federicio López Alzogaray, mostró una vez más que en los conflictos de tierra la justicia muerde a los descalzos. Con distinto grado de violencia e intensidad los casos Ferreyra y la Libertad exponen la distancia entre algunas políticas y normas para el sector campesino y la realidad en los territorios. “En muchas provincias el aparato judicial todavía acompaña el modelo de los agronegocios y este caso es una muestra clara”, analiza la directora de Tierras de la SAF.

Vida campesina

Lo que ocurre en La Libertad por estas horas sirve de ejemplo sobre el impacto directo de la aplicación o no de normas y políticas específicas para el sector. Luego del remate, los nuevos propietarios de apellido Pérez, y dedicados al rubro combustible, han empezado a trabajar en la zona. De las cerca de nueve mil hectáreas adquiridas, unas tres mil están sin ocupación, el resto las habitan familias como la de Bárcena. La aplicación de la ley de agricultura familiar en Córdoba sin dudas daría otro paraguas legal a este colectivo de campesinos. Los compradores ya han mostrado interés en avanzar en el resto del territorio. El proceso de desalojo está a la vista. La agudización del conflicto, latente.  Como tantas veces, Mario enfatiza su deseo de “seguir luchando para morir en esta tierra”. Sus palabras, de incansable guerrero emocionan. Pero para este hombre, como para las mujeres, niñas y niños que habitan la Libertad el gran anhelo no es dejar la vida en un conflicto violento. Por el contrario, su raíz nada tiene que ver con eso. La producción de alimentos sanos, su conexión con el monte y el arraigo en ese suelo sólo buscan recrear la vida campesina. Para que prime esta realidad los organismos públicos, legislativos, ejecutivos y judiciales, deberán hacer mayores esfuerzos. De otra forma, la nueva legislación sancionada en Argentina sólo será una mera declaración de intenciones despojada de toda realidad.

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