Criminalización de campesinos en el norte cordobés

Campesinos detenidos por ser campesinos. Esa es la posible resolución de un conflicto judicial en los tribunales de Deán Funes, norte cordobés. Miguel Rojas podría ir preso por ocupar las tierras donde siempre vivió. El territorio en cuestión abarca 9.000 hectáreas y se ubica en el paraje Los Pozos, al norte de la Laguna de Mar Chiquita, Tulumba. “Basta de criminalización”, exigen desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

Para hoy a las 9 am se espera que inicie la audiencia convocada por el juez Abraham Elías. En la jornada puede dictarse sentencia sobre un juicio civil en el que Rojas fue demando por la familia Figueroa, que dejó la zona hace más de tres décadas. Detrás del reclamo de Figueroa se encuentra una aceitada estructura inmobiliaria que aprovecha, como en otras ocasiones, los espacios grises que deja el Estado.

La causa

El caso de Miguel Rojas cumple con el modelo típico de despojo territorial que sufren los campesinos. El hombre vivió toda su vida en ese campo, donde además habitan sus hijos y nietos. Estas familias crían cabras, ovejas, vacas. Con su trabajo en este campo comunero, los Rojas y otras familias como Vicente, se autoabastecen de alimentos y ponen su producción a disposición de la mesa de muchos cordobeses.

La familia Figueroa había cedido territorio a campesinos de la zona, y dejó el lugar a fines de los setenta luego de una inundación. Descendientes de los Figueroa que habitaban allí reaparecieron hace una década a reclamar tierras. Miguel Rojas intentó defender el campo comunitario y de ahí derivó su imputación. Sebastián Ramírez, yerno de Miguel, también fue imputado a raíz de la construcción de una vivienda en el campo donde la familia permanece desde hace décadas. Desde el MCC apuntan que detrás de este proceso judicial está la empresa de bienes raíces Alegría Cáceres. Este cronista intentó contactarse con el privado pero no tuvo respuesta.

Intercambio de experiencias entre familias campesinas (La Libertad, Ischilín)
Los vecinos de Los Pozos se han organizado junto al Movimiento Campesino de Córdoba para frenar la ciminalización.

El pasado 13 de mayo, el juez Elías realizó una inspección ocular en el campo. Participaron el abogado querellante Cruz Mieres, el fiscal Hernán Funes, y la abogada de Rojas y Ramírez, Victoria Gauna. Esa jornada sirvió para que la autoridad judicial pudiera dimensionar el territorio, observar el tipo de vida asociada a la producción comunitaria y constatar la presencia de estas familias por generaciones en el lugar.

Gastón Farías, es miembro del MCC, pero también acompaña a las familias como parte de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SAF). A partir de ese apoyo institucional, conoce de cerca la realidad de estas familias en términos productivos, sociales e históricos. Farías plantea que los agentes judiciales tuvieron la oportunidad de conocer “lo que efectivamente ocurre en ese territorio”.  “Después de esa inspección ocular, la justicia no puede mirar para otro lado”. Farías asegura que a partir de ese día, “el juez ya no puede negar la realidad que tiene ese campo, porque lo recorrió, vio cómo es la producción comunitaria y la forma de vida de esas familias”.

Un caso no aislado   

En la provincia hay al menos 69 casos de conflictos de tierra que afectan a más de mil familias. Son unas cien mil hectáreas la que están disputa, con la expansión sojera y el desplazamiento de zonas ganaderas como factores clave. Estos datos surgen de un relevamiento del Ministerio de Agricultura de la Nación (2013).

Córdoba ha tenido casos emblemáticos. En el paraje Las Marvillas, cercanías de Sebastián Elcano, Ramona Bustamante fue expulsada violentamente de su campo en dos oportunidades en 2003, por los empresarios Scaramuzza. A pesar de haber regresado, más de diez años después el Poder Judicial no resolvió la cuestión de fondo: la posesión. En la misma zona, año 2004, la familia Olivera del paraje La Penca también sufrió la avanzada empresaria. Luego del proceso judicial, y graves situaciones de violencia, conservaron 50 hectáreas, perdieron unas 300. El campo comunero La Libertad (Ischilín), 12.500 hectáreas, simboliza la (in)acción del Estado. Más de dos décadas de conflicto, constantes reclamos y como resolución un remate de 9.000 hectáreas. En buena parte de ese territorio producen desde siempre unas cincuenta familias, ajenas a ese conflicto entre terceros.

En 2013, un logro histórico con el caso de ‘El Chacho’: la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje reconoció la posesión de más de 2.000 hectáreas de ocho familias campesinas de esa comuna del departamento Minas. Más de una década de desgaste judicial, criminalización y, como en todos los casos, violencia. Lidia Ozán del paraje San Antonio, al norte de Cruz del Eje, obtuvo otro triunfo. Pero debió pasar una década de agresiones. Este año el Poder Judicial reconoció la posesión de sus tierras que habían sido arrebatadas por el empresario Bautista Balduzzi.

Los pies en el suelo

Pese a las resoluciones más o menos favorables del Poder Judicial, todas estas familias permanecieron en sus tierras: una decisión de vida. El caso de Rojas se inscribe en este relato de luchas campesinas tan histórico como vigente. “Los conflictos no paran, se calma en una zona y recrudecen en otra”, analiza Farías frente al silencio de los grandes medios, de buena parte de los políticos, y de una sociedad que en general le escapa a estos temas. Como en los casos anteriores hay una decisión firme y Farías la deja planteada: “Pase lo que pase, del campo no se va nadie”

Artículo publicado en marcha.org.ar –17 de junio de 2015–

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