La nube tóxica que cubre Sudamérica

El modelo agrario en los países del sur de América puede pensarse a escala regional. Aunque hay que precisar particularidades que irrumpen en cada país respecto a legislación y políticas para el sector, hay puntos en común que se repiten a uno y otro lado de las fronteras. Ejemplo de esto son las problemáticas sociales y sanitarias que se desprenden del denominado “modelo sojero” (cultivo de soja a gran escala). Esta oleaginosa ocupa actualmente cerca de 20 millones de hectáreas en Argentina[1], más del 50 por ciento de la superficie cultivada, y poco más de 3 millones en Paraguay, más de 90 por ciento[2]. Muy lejos aparecen otros cultivos de importancia para el consumo humano incluso valorados actualmente por los mercados internacionales: la superficie cultivada con maíz en Argentina es de 6 millones de hectáreas[3], mientras que en Paraguay ronda las 650 mil hectáreas[4].

La avanzada de la soja tiene varias décadas en Argentina. Entre 1970 y 1995 no hubo ninguna etapa de retroceso de dicho cultivo. Pero fue a partir de 1996 que se abrió un nuevo escenario. La habilitación de la Secretaría de Agricultura para que se pudiera sembrar la variedad RR modificó de forma rotunda el modelo agrario del país. Esta semilla modificada genéticamente y tolerante al herbicida glifosato creada por Monsanto llegó de la mano de Nidera, que obtuvo la autorización para comercializarla[5].

En el caso de Paraguay, el ingreso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) se dio de otra forma. Como explica el investigador Tomás Palau Viladesau, las semillas de soja ingresaron “de contrabando desde 1997”. Y “dos años más tarde su siembra se masifica sin que el Ministerio de Agricultura y Ganadería haya aprobado el uso de las semillas”[6]. Recién para la temporada 2004 se inscribieron cuatro cultivares RR para empezar a legalizar esa situación.

Estos nuevos paquetes tecnológicos han ido de la mano de la difusión de la denominada siembra directa, técnica que difunde la no rotulación del suelo a expensas de la limpieza de la tierra mediante la aplicación de herbicidas. Este sistema ocupa en Argentina al menos el 78 por ciento del total de la superficie sembrada[7] y un 90 por ciento en Paraguay[8], que suma cerca de 4 millones de hectáreas con GM (soja, maíz y algodón). Argentina alcanza las 24 millones de hectáreas con este tipo de semillas utilizadas en esos mismos cultivos[9].

 

Nube química

 

La otra cara de estos modelos es el creciente uso de plaguicidas. En base a datos de las propias cámaras empresarias que comercializan agroquímicos en Argentina, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados evaluó que el consumo de pesticidas “aumentó 858 por ciento” en las dos últimas décadas, mientras que “la superficie cultivada lo hizo en un 50 por ciento y el rendimiento de los cultivos sólo aumentó un 30 por ciento”. Este colectivo de médicos que analizan las implicancias sanitarias del modelo agrario, apuntan que en la campaña 2012-2013, se utilizaron 317 millones de litros de pesticidas, con el glifosato como principal producto: concentra el 64 por ciento de las ventas y se aplicaron 200 millones de litros[10]. Este químico declarado por  la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como un probable carcinógeno humano, además contiene en su versión comercial el surfactante polioxietileno-amina (POEA). Para dimensionar la hegemonía del glifosato, vale ilustrar con otro producto que genera alerta sanitaria y ambiental como la atrazina de uso extendido en la siembra de maíz, pero que sólo alcanza un volumen de 8 millones de litros[11].

Por la escala de producción, los números de Paraguay son sensiblemente menores. Para medir el uso de pesticidas, las organizaciones sociales toman como referencia datos de importación, dado que a diferencia de Argentina no es un país con esa capacidad de autoabastecimiento. La última campaña, se importaron cerca de 41 millones de plaguicidas (herbicidas, fungicidas e insecticidas), de los cuales 17 millones de kilos correspondieron a glifosato en sus distintas variantes de concentración. Mientras que la importación de paraquat, también de uso significativo en ese país, rondó los 6 millones de kilos[12].

"Todo lo que sea borde urbano, borde de un asentamiento humano, siempre se tiene que priorizar la salud de la población. "
Manifestación contra los agroquímicos en la Ciudad de Córdoba

Un producto que ha generado alarma en los últimos años es el glufosinato de amonio debido a que en Argentina se aprobó una nueva soja (RR2) resistente a ese herbicida, también cuestionado por sus impacto sanitarios. No obstante ese químico, comercializado principalmente como Liberty (Bayer) no es de los más difundidos aún en el cono sur. En Argentina no figura si quiera entre los treinta más vendidos[13] y en Paraguay sólo se importaron 180.000 litros en 2014[14].

Aunque los defensores de las nuevas tecnologías agrícolas, como la siembra directa, aseguraban que reducirían el daño sobre el suelo esto no fue así. “Las malezas se han vuelto tolerantes o resistentes, por lo que los productos químicos se mezclan, o se usan concentraciones más altas o productos de reconocida toxicidad”, apuntan ONG’S ambientales desde el Observatorio Soja. “Actualmente se aplican 12 litros de glifosato en la misma hectárea y por año en muchos casos potenciados con otros herbicidas como graminicidas u hormonales, contra los 3 litros por hectárea utilizados en los años 1996-1997”[15].

 

Veneno en los cuerpos

 

El impacto en la salud de estos productos ha sido denunciado por diversas organizaciones campesinas y urbanas en la última década. Un caso paradigmático ha sido el del barrio Ituzaingó Anexo de la provincia argentina de Córdoba. Luego de diez años de denuncias de un grupo de madres, en 2012 un tribunal condenó a tres años de prisión (sin cumplimiento en cárcel) a un productor de soja y un aplicador aéreo por violar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051). En su artículo 55 prevé penas para quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el ambiente”. En ese pueblo un estudio médico oficial comprobó que 114 niños (sobre un total de 142 analizados) presentaban agroquímicos en sangre. También se constató que había contaminación con endosulfán y glifosato, productos que aplicaban en el campo del productor denunciado. Este proceso judicial sentó un precedente en el país y la región[16].

Diversos estudios académicos y de laboratorio han establecido el vínculo entre agroquímicos y problemas como malformaciones o cáncer. También trabajos médicos han profundizado en relevamientos sanitarios de pueblos enclavados en zonas expuestas a grandes volúmenes de plaguicidas. Luego de diversos relevamientos, desde la Red de Médicos de Pueblos Fumigados sostienen que en estos poblados “más del 30 por ciento de las muertes obedecen a casos de cáncer, mientras que la media nacional es menor a 20 por ciento[17].

Un caso testigo de esto es del pueblo de Monte Maíz, en el sudeste de Córdoba. Frente al avance de enfermedades poco comunes, los propios vecinos pidieron un estudio. Luego de relevar este poblado en 2014, un equipo de esta red médica, encabezado por Medardo Ávila Váquez, encontró que “los casos nuevos de cáncer por año son tres veces más frecuentes” que el promedio provincial y los abortos espontáneos “superaron por más de tres veces la prevalencia esperada”.

El poblado se encuentra rodeado de campos con soja y maíz, además “las máquinas fumigadoras se ven permanentemente andando por el pueblo donde también las guardan, y hay silos (depósitos de granos) que despiden restos de cereal que están flotando en el ambiente”, denuncia Verónica Llopiz, una vecina. Y lamenta: “Respiramos eso, y tenemos muchas personas con problemas respiratorios y oras enfermedades”.

El estudio agregó un relevamiento químico. En el suelo del área urbana se halló glifosato, clorpirifós y cipermetrina, plaguicidas utilizados en las actuales campañas agropecuarias. “La contaminación con agroquímicos es el factor preponderante en el análisis del entorno ambiental del pueblo”, concluyó el informe de Ávila Vázquez y su equipo[18].

En Paraguay también se han realizado diversos trabajos en este sentido. Una referencia es la investigación ‘Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos’, encabezada por Stela Benítez Leite, que analizó la zona de Encarnación, también fuertemente productivista. Las conclusiones marcaron una “asociación entre la exposición a plaguicidas y malformaciones congénitas en neonatos nacido” y que “vivir cerca de campos fumigados tuvo dos veces más riesgo de tener hijos con malformaciones que aquellas mujeres que no vivían cerca de campos fumigados”[19].

Pese a estas graves problemáticas, Argentina no cuenta con una ley nacional que regule el uso de plaguicidas. Cada Provincia es autónoma para legislar en el tema y a su vez cada municipio también puede normar la actividad. Las leyes van desde permitir pulverizaciones frente a las viviendas hasta la reciente prohibición de aplicar la formulación gaseosa de 2,4-D en toda la provincia de Santa Fe, que ocupa buena parte de la zona pampeana donde se siembra soja. El abanico es amplio y en el mismo sentido los registros sobre aplicaciones tanto terrestres como aéreas en el país son difusos. No obstante, desde el sector de los aeroaplicadores señalan que de cada tres hectáreas, una es pulverizada de forma aérea[20].

En el caso paraguayo, la ley 3.742 de 2009 norma sobre el uso de fitosanitarios. La normativa fue cuestionada por organizaciones campesinas y ambientales. Uno de los puntos denunciados es “que la extensión de las franjas previstas es de sólo cien metros tratándose de pulverizaciones terrestres, y de doscientos metros en casos de pulverizaciones aéreas”, respecto a la “distancia mínima que debe existir entre el sitio de aplicación y el lugar que requiere protección”[21].

 

Desplazados

 

A los problemas sanitarios este modelo agrega impactos sociales y ambientales. En Paraguay, según informa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre 1991 y 2008, el modelo agrario con el monocultivo de soja redujo el número de fincas (7,7 por ciento) y la superficie (15,7 por ciento) de la agricultura familiar. En paralelo, creció el número de establecimientos (23,3 por ciento) y la superficie (35,5 por ciento) ocupada por grandes productores a expensas de familias campesinas y nuevas superficies desmontadas[22].

Argentina no tuvo mejor suerte. La expansión del agro acabó con 3 millones de hectáreas de bosques sólo entre 2002 y 2011[23]. Acerca del impacto social de este modelo de agricultura de escala, entre 1988 y 2002 desaparecieron 85.000 explotaciones agropecuarias (20 por ciento). El 60 por ciento de las explotaciones más pequeñas quedaron con el 5 por ciento de la tierra productiva[24].

En la provincia de Córdoba existen al menos 69 casos de conflictos de tierras en zonas rurales, que abarcan 119.974 hectáreas.
Los desplazamiento de familias rurales es otra de las caras visibles de este modelo agrario en Sudamérica.

Aunque han sido férreos defensores de la biotecnología y la implementación de la Revolución Verde en América Latina, organismos internacionales como Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) reconocen de un tiempo a esta parte información sobre el negativo impacto social y ambiental de este modelo. Incluso un documento de FAO por el Año de la Agricultura Familiar (2014) reconoce que pese a que los agricultores familiares producen hasta el 70 por ciento alimentos básicos de varios países de la región, carecen de acceso al crédito para mejorar sus unidades productivas y de canales de venta, concentrado en grandes empresas[25]. El modelo de agricultura de escala impulsado por los organismos internacionales desde la década del setenta, con el Banco Mundial a la cabeza y desde Naciones Unidas, con el argumento de acabar con el hambre no sólo que no ha logrado esa meta sino que ha empeorado la situación del campesinado en estos países.  La realidad territorial en la región muestra que hasta ahora las políticas de estas entidades lejos están de reformar el cuadro agrario que por el contario, como exhiben cifras oficiales y privadas, se encuentra dominado por la agricultura industrial que no detiene su marcha.

A pesar de los notables daños causados por este sistema de agricultura empresarial sus defensores argumentan que contribuye “en el largo plazo a la integridad biológica y ecológica de los recursos naturales, es rentable para la empresa agrícola e industrias relacionadas al agro, contribuye a la calidad de vida de la población rural y ayuda al desarrollo económico de los países”, como sintetiza el investigador Pablo Lapegna en base a discursos del agronegocio[26].

 

Cambiar el modelo

 

Casi sin saberlo, el grueso de los argentinos consume alimentos que pasan por la agricultura que sí aplica pesticidas. En este sentido, existe un sistema dependiente del gobierno nacional que debiera controlar la contaminación químicos de frutas y verduras. Desde el SENASA, ente a cargo de esta tarea, por ejemplo se relevaron para la campaña 2009/2010 mercados en los que se tomaron 274 muestras al azar de frutas. En 152 hubo residuos, pero sólo el 2 por ciento del total estaba por fuera de los límites de residuo permitido por las normas argentinas. Mientras que en 135 análisis de hortalizas hubo 47 casos positivos, con 32 por ciento del total que excedió la tolerancia que acepta la ley. Pero si se es más preciso, debe pensarse cómo cubre este organismo el control para una población de 40 millones de habitantes. Un informe de la Auditoría General de la Nación enumera una serie de falencias para desarrollar de forma correcta esta delicada misión: escasos recursos humanos, falta de implementos técnicos y escasa capacitación[27].

A estos productos de consumo fresco, debe agregarse la masificación del uso de la soja transgénica en la dieta diaria de forma silenciosa. Galletas, golosinas, dulces que forman parte del alimento frecuente de los sectores populares están hechos con lecitina a base de soja RR. Sobre este punto Argentina aún no ha legislado respecto de algún tipo de etiquetado de OGM tal como ocurre en varios países europeos.

Frente a esta realidad, la producción campesina apuesta por otras alternativas. La diversidad de producciones, las condiciones geográficas y climáticas determinan variedad de alternativas. Existe un creciente desarrollo de experiencias que van desde la reducción en el uso de pesticidas con manejo integrado de plagas hasta prácticas agroecológicas. Como explican los investigadores Miguel Altieri y Víctor Toledo, esta técnica apuesta por “el reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución de insumos externos; el mejoramiento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo; la diversificación de las especies de plantas; la integración de los cultivos con la ganadería”[28]. En este sentido, organizaciones de Paraguay (CONAMURI o Movimiento Campesino Paraguayo) como Argentina (Movimiento Nacional Campesino Indígena) nucleadas en la Vía Campesina (VC) y otras como el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe marcan un camino con sus centros de formación. En territorio argentino, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-VC, una de las organizaciones referente a nivel latinoamericano y con más de dos décadas de vida, tiene desde hace siete años su propia escuela agroecológica[29].

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Productores familiares plantean alternativas al modelo de agronegocios. Las ferias agroecológicas son ejemplo de esto.

Mauricio Córdoba, productor agroecológico cordobés, explica que justamente el mismo modelo de uso de químico lo hizo optar por esta agricultura libre de pesticidas. Las familias de la cooperativa de trabajo que integra habían vivido en su propia piel los daños del modelo convencional: “Habíamos tenido casos de problemas en los que hubo intoxicaciones con agroquímicos”.  Es que “las personas que hacen ese trabajo son ‘descartables’ para el sistema”, agrega Mauricio, de la Cooperativa San Carlos. Actualmente produce verduras sanas que vende a precios accesibles en la Feria Agroecológica de la Ciudad de Córdoba. “Había una demanda de la gente que no conseguía estos productos y acá estamos para ofrecerlas”, celebra este joven de 28 años, en un grito que confirma que otra agricultura es posible.

[1] www.siia.gov.ar (Ministerio de Agricultura)

[2] www.tera.com.py/capeco (Cámara de Exportadores y Comercializadores de Cereales)

[3] Idem 1

[4] Idem 2

[5] Los Señores de la soja, Clacso (2010)

[6] www.baseis.org.py (Base de Investigaciones Sociales-Observatorio de los agronegocios)

[7] http://www.aapresid.org.ar (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa)

[8] Development and Current Status of No-till Adoption in the World, FAO, 2009

[9]  www.isaaa.org (International Service for the acquisition of agri-biotech applications)

[10] www.reduas.com.ar (Red Universitaria de Ambiente y Salud)

[11] www.casafe.org (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes)

[12] www.senave.gov.py (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas)

[13] Idem 11

[14] Idem 12

[15] www.observatoriosoja.org

[16] Años de Lucha, en http://www.leonardorossi.worpress.com

[17] Idem 10

[18] Idem 10

[19] Idem 6

[20] Por un uso responsable de las alas, Clarín Rural, 25/8/2012

[21] Idem 6

[22] Sector rural paraguayo, PNUD, 2010

[23] Secretaría de Ambiente de la Nación.

[24] Censo Nacional Agropecuario 2002

[25] Hacia una agricultura familiar más fuerte, FAO, 2014

[26] Transgénicos, desarrollo sustentable y (neo)liberalismo en Argentina, Clacso, 2007

[27] www.agn.gov.ar

[28] La Revolución Agroecológica en América Latina, SOCLA, 2011

[29] http://www.mocase.org.ar

Artículo publicado en Agrar Koordination –junio 2015–

*Artículo publicado originalmente en alemán (http://goo.gl/MBRWxZ)

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