Lluvia tóxica

Mucho se ha hablado en los últimos años respecto del cambio en el sistema agroindustrial del país. Líneas y líneas se han escrito acerca del «complejo sojero» y su protagonismo económico en la Argentina actual. A la par que los suelos rurales cambiaban su cobertura vegetal, las áreas linderas a los campos padecían otras transformaciones, menos visibles, más silenciosas. En las últimas dos décadas, los cuadros sanitarios y ambientales en estas regiones han mutado e irrumpieron nuevas particularidades. Lo que en muchos pueblos agrarios surgió como un comentario local se convirtió en una problemática de escala regional. Algunos médicos comenzaron a hablar de «pueblos fumigados» para caracterizar sitios donde determinadas problemáticas, como el cáncer, las malformaciones y los abortos espontáneos se multiplicaron, presumiblemente por el uso masivo de agroquímicos. Relevamientos sanitarios e investigaciones científicas pusieron números y datos concretos ante una realidad que afecta a unas 12 millones de personas en el país. «Si en las zonas agrarias los vecinos nos piden que se estudie la situación sanitaria, es porque algo está pasando», advierte Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. El imaginario de la vida rural como sinónimo de “saludable” ha entrado en crisis.

Hablar de agricultura en el país implica de forma inevitable enfocarse en el cultivo de soja. Esta oleaginosa ocupa alrededor de 20 millones de hectáreas, más del 50% de la superficie cultivada, según datos oficiales. La avanzada del modelo sojero tiene varias décadas en la Argentina. Pero fue a partir de 1996 que se abrió un nuevo escenario. La habilitación de la Secretaría de Agricultura de la Nación para que se pudiera sembrar la variedad RR modificó por completo el modelo agrario. Esta semilla, modificada genéticamente y tolerante al herbicida glifosato, fue creada por la multinacional Monsanto y llegó de la mano de la empresa Nidera, que obtuvo la autorización para comercializarla. El trámite de aprobación de este producto transgénico, que reconfiguraría el territorio nacional, tardó solo 81 días en concretarse. Como documentó el periodista Horacio Verbitsky, 108 de los 136 folios que se presentaron para ser evaluados son informes de Monsanto, la propia empresa interesada. Poco se contempló respecto a los impactos ambientales que el sistema podía generar en los territorios donde se implantaría.

Estos nuevos paquetes tecnológicos han ido de la mano de la difusión de la denominada siembra directa, una técnica basada en el cultivo de la tierra sin arado previo que permite la «limpieza» del terreno mediante la aplicación de herbicidas. Este sistema ocupa en la Argentina al menos el 78% de la superficie sembrada, según la propia Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Esos datos son necesarios para comprender el creciente uso de plaguicidas que vive el país al compás de la expansión de la soja transgénica. El último año que la  Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) publicó los datos de venta fue 2012, cuando se aplicaron 340 millones de litros de  agroquímicos. Se estima que la cifra es superior si se contempla el mercado negro o ilegal. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados es un colectivo de profesionales originado en Córdoba en 2010, que divulga información sobre el impacto sanitario de la agricultura transgénica. En base a datos de las propias empresas comercializadoras de agroquímicos, revisó la evolución histórica del uso de estas sustancias. El consumo aumentó 858% en las últimas dos décadas, pero la superficie cultivada lo hizo solo en un 50% y el rendimiento de los cultivos, un 30%.

A partir de la revisión de bibliografía médica, estadísticas y trabajo de campo, la red sostiene que «más del 30%» de las muertes en zonas expuestas al uso indiscriminado de agrotóxicos obedecen a casos de cáncer, mientras la media nacional es menor al 20%. En base a datos de geógrafos, este grupo médico afirma que en la Argentina al menos 12 millones de personas del campo y zonas periurbanas padecen cada año la pulverización con herbicidas, fungicidas e insecticidas.

A pesar de este intenso consumo, la Argentina no cuenta con una ley nacional que regule el uso y aplicación de químicos en el campo. Cada provincia tiene su propio marco regulatorio, a excepción de Tierra del Fuego. Las normas son disímiles y a su vez cada jurisdicción, como los municipios, puede legislar al respecto. Respecto a la clasificación toxicológica de los agroquímicos, es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) la principal autoridad.

En base a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los diversos grados toxicológicos se definen sobre el efecto agudo de los productos, es decir en base al daño directo de estos químicos sobre la salud humana. Al respecto, la Defensoría del Pueblo de la Nación llamó a tomar las «medidas necesarias para  modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que abarque al conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar (letal y subletal, agudo y crónico)». En la resolución N° 6 de 2012 pidió que hasta tanto no se realicen los estudios pertinentes, los productos sean clasificados como «sumamente peligrosos y muy tóxicos». Hasta la fecha, nada de esto fue tenido en cuenta. El reclamo de la Defensoría del Pueblo se basó en diversos estudios médicos que ligan «las malformaciones, padecimientos neurológicos y otras dolencias al uso indebido de agroquímicos» que, por ejemplo «son la vía hacia la discapacidad de niños».

Tampoco aún ha tenido efecto la declaración de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de Naciones Unidas, que este año declaró al glifosato como un probable cancerígeno humano. Este herbicida, clave del modelo sojero, acapara el 64% de las ventas de agroquímicos en el país, y se utilizan más de 200 millones de litros por año. En la Argentina el producto todavía pertenece a la clase toxicológica IV, la menos riesgosa de todas, según el  SENASA.

La problemática de los «pueblos fumigados» ha sido denunciada en diversos puntos del país. La Leonesa en Chaco, San Salvador en Entre Ríos, Conlara en San Luis o Monte Maíz en Córdoba pueden ser citados como tantos otros casos de pueblos que se han organizado para denunciar al modelo agrario contaminante. Profesionales de la salud, científicos e investigadores sociales han acompañado estos procesos que buscan echar luz sobre la cuestión. El caso de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, ubicado en las afueras de la capital de Córdoba, se ha convertido en un punto de inflexión. En 2001, Sofía Gatica, una madre alertada por las enfermedades que veía a su alrededor, comenzó un relevamiento sanitario del vecindario. En 1997, esta mujer había perdido a su hija recién nacida debido a una malformación de riñón. El barrio Ituzaingó era permanentemente rociado con agroquímicos por vía aérea y terrestre. Tras años de lucha, Sofía y el grupo de Madres pudieron lo que nadie: en 2012 un productor agropecuario (Francisco Parra) y un aeroaplicador (Jorge Pancello) fueron sentados ante un tribunal y recibieron condenas por contaminar el  ambiente. El fallo se basó en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (24.051), que prevé penas para quien «envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general» (artículo 55°). En agosto de 2012, la Cámara del Crimen de Córdoba los condenó a tres años de cárcel, aunque sin prisión efectiva. No obstante, la palabra judicial sentó un precedente en el país y la región.

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Marcha contra los agrotóxicos en la ciudad de Córdoba

Causas y efectos

Un testimonio del juicio, que con el paso del tiempo cobra más relevancia, es el del investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONiCEt Andrés Carrasco, fallecido en 2014. Este especialista en embriología molecular relató sus experiencias en el laboratorio, donde estudió los efectos del glifosato en anfibios. Carrasco probó que este herbicida «produce malformación en el desarrollo embrionario » durante el período gestacional. Luego de precisar información científica sobre sus trabajos, este referente internacional fijó posición como investigador comprometido con los conflictos de su tiempo. «El problema es la sospecha de estar expuesto a ese riesgo. Hay un riesgo, y si el riesgo es producido por el hombre voluntariamente, deja de ser accidente». «Si uno sabe que está usando veneno no es un accidente», enfatizó. Finalmente, sin eufemismos, apuntó directo al modelo de agronegocios: «Nuestros destinos ambientales están en la Bolsa de Cereales de Chicago».

El camino marcado por Carrasco tiene diversos reflejos en la academia argentina. Uno de los ejemplos destacados es el equipo que encabeza Damián Verzeñassi, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el ciclo de la práctica final de la carrera de Medicina han dispuesto la realización de relevamientos sanitarios en pueblos típicamente agrícolas. Con más de una veintena de experiencias, este grupo se ha convertido en una referencia sobre la temática.

Algunos resultados fueron presentados en el XIII Congreso Latinoamericano de Medicina y Salud Colectiva, realizado el año pasado en El Salvador. El equipo de Verzeñassi apuntó que «el constante incremento en el uso de agrotóxicos que acompaña este modelo» de práctica agrícola «no puede soslayarse al analizar los cambios en los modos de enfermar y morir de estas comunidades». Los trabajos se centran en relevamientos en localidades de menos de 10.000 habitantes, que han quedado rodeadas por las áreas de producción agroindustrial. «Más del 90% de los habitantes de estos poblados viven a menos de 1.000 metros de los campos fumigados», aclara.

Algunas conclusiones: «Teniendo en cuenta solo al cáncer y los tumores en el período 1996-2010 podemos observar un incremento significativo de la referencia del diagnóstico de estas patologías. Al cotejar con bibliografía científica respecto a determinantes de las mismas, consideramos que los cambios en el perfil de morbi-mortalidad podrían estar relacionados con los cambios en el modelos de producción de las regiones evaluadas». A eso se suma que patologías como el hipotiroidismo, y las enfermedades alérgicas y respiratorias ocupan lugares destacados entre los principales problemas de salud en estas comunidades.

Respecto a la incidencia del cáncer en los pueblos de Santa Fe estudiados, se encontraron aumentos de más de 100% respecto a la media nacional (206 cada 100.000 habitantes). En Totoras, la incidencia de cáncer anual es 136% superior a la referencia; en María Susana, 283% por encima de la media; en María Teresa, un 192% superior; Villas Cañás, un 188% más; y en Murphy se ubica 149% por encima del promedio.

Otro espacio destacado en la realización de aportes científicos al debate en torno al uso de agroquímicos y su impacto en la salud tiene sede en Río Cuarto, Córdoba. El Grupo de Estudios de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) funciona desde 2006 y se ha convertido en una guía nacional e internacional en la investigación del impacto sanitario de los plaguicidas. Este grupo de científicos ha analizado en una decena de trabajos la relación entre poblaciones expuestas a agroquímicos y daño genético. Sus publicaciones han sido avaladas por diversas revistas científicas.

Uno de sus últimos trabajos, publicado este año en el Archivo argentino de pediatría, analizó estas variables en niños en la ciudad de Marcos Juárez, sudeste cordobés. El estudio relevó a 50 niños que se encuentran expuestos a plaguicidas en este pueblo de 27.000 habitantes. Se tomaron grupos ubicados a diversas distancias de los campos, y además, para comparar, se evaluaron menores que residen en el casco urbano de la ciudad de Río Cuarto (134.000 habitantes).

Entre los resultados, la investigación destaca que «se encontró diferencia significativa entre los expuestos a menos de 500 metros con respecto al grupo de no expuestos. El 40% de los individuos expuestos sufren algún tipo de afección persistente, que se podría asociar a la exposición crónica a plaguicidas». «Aquellos niños más próximos a zonas pulverizadas tenían mayor nivel de daño genético que los que estaban en el centro de los poblados. El incremento de daño genético está relacionado a mayor riesgo de padecer algunas patologías, por ejemplo el cáncer», explica Fernando Mañas, doctor en Ciencias Biológicas y uno de los autores del trabajo.

Frente a una problemática que se hizo visible a fuerza de dolor, diversos  académicos y trabajadores de la salud han decidido poner su profesión del lado del eslabón más débil en un modelo que no solo impacta en la economía argentina sino que también afecta, y de forma considerable, a la salud y el ambiente.

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Máquina pulverizadora en un casco urbano. Imagen: Marcos Oviedo
Máquina pulverizadora en un casco urbano.
Imagen: Marcos Oviedo

Zonas de Riesgo

Fernando Mañas, doctor en Ciencias Biológicas, es una de las almas que da vida al GEMA. Desde su experiencia apunta que en los diversos estudios realizados han encontrado que «invariablemente, las personas que viven más cerca de las zonas donde se pulveriza tienen más daño genético que las personas que viven más lejos». En su oficina de la UNRC se dispone a repasar la experiencia de este grupo de trabajo que apunta a hacer una ciencia comprometida con las  problemáticas de los pueblos que lo rodean.

–¿Qué encontraron en los primeros estudios sobre daño genético y la implicancia de las pulverizaciones con agroquímicos?

–Primero trabajamos con aplicadores, que hacían su actividad en condiciones pésimas, casi sin protección y veíamos un nivel de daño genético importante.

Luego, pensamos en las personas que estaban expuestas de forma involuntaria a los plaguicidas, es decir, los vecinos de los campos. Y encontramos invariablemente que las personas que vivían más cerca de las zonas donde pulverizaban tenían más daño que las personas que vivían más lejos. A su vez, el incremento de daño genético está relacionado con un mayor riesgo de padecer algunas patologías, por ejemplo el cáncer. El dato es que hay una situación de riesgo incrementada con respecto a otras poblaciones.

–También analizaron niños en Marcos Juárez. ¿Qué conclusiones pudieron sacar de ese estudio?

–Encontramos nuevamente que aquellos niños más próximos a zonas  pulverizadas tenían mayor nivel de daño genético que los que estaba en el centro de los poblados. Pero a la vez ambos grupos tenían mayor nivel de daño con respecto a niños de ciudades grandes como Río Cuarto. Hay pueblos donde la distancia del centro del pueblo no resulta suficiente como para decir que la población está a resguardo.

–¿Qué más debe demostrarse para que el tema de la salud y los agroquímicos gane protagonismo en la agenda de las políticas públicas?

–Creo que desde su inicio, cuando se aprobó el primer evento transgénico en 1996, quedó instalado un discurso de que esta tecnología necesariamente es buena, que es progreso, y que por ejemplo el glifosato era absolutamente inocuo. Todo eso venía respaldado por la aprobación que traía de Estados Unidos y acá no se cuestionó nada. Lo que se hizo después desde la ciencia independiente fue siempre cuestionado desde la gran industria. Y se logró instalar la idea de que este modelo era sumamente seguro. Entonces no es fácil revertir eso.

–Desde el GEMA han hecho importantes aportes para empezar a dar vuelta esa página.

–Más allá de que no pueda decir que tengo la verdad revelada en mis manos, hay un cúmulo de evidencia que indica que algo está pasando, y que este modelo de aplicación de plaguicidas está afectando la salud de las personas. Se está poniendo en riesgo la salud de millones de personas, a cambio del beneficio de un pequeño grupo. Lo más preocupante es que no están dispuestos a dar un debate serio. Y ahí hablo de la industria y lamentablemente del Estado en cuanto a que hay inacción en todos los niveles: municipales, provinciales y nacionales. Hay alarmas en todos lados y hay que escucharlas. Pedimos que se preste atención a las voces de las poblaciones afectadas. Nadie va a hacer de su vida un suplicio porque sí. Si salen a reclamar es porque entienden que su derecho a la salud está siendo afectado.

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El pueblo de Monte Maíz dio un ejemplo en la defensa de la salud. Imagen: Marcos Oviedo.
El pueblo de Monte Maíz dio un ejemplo en la defensa de la salud. Imagen: Marcos Oviedo.

 

El caso de Monte Maíz

Uno de los casos recientes de mayor impacto en la opinión pública ha sido el de Monte Maíz, poblado ubicado al sudeste de la provincia de Córdoba. En octubre de 2014, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, junto con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinó un campamento sanitario del que participaron más de 50 estudiantes. El objetivo: relevar la salud colectiva de la población ante la percepción creciente de que las muertes por cáncer estaban por encima de lo normal.

El campamento fue una demanda de la Red de Prevención de la Salud de Monte Maíz, un grupo de ciudadanos que desde 2006 denunciaba el descontrol en el uso de plaguicidas en este poblado de 8.000 habitantes. Monte Maíz se encuentra literalmente rodeado de cultivos de soja. Por su pequeñez –900 por 1.500 metros–ninguna zona del pueblo está demasiado alejada de las pulverizaciones. El campamento no solo evaluó aspectos de la salud sino que contó con el  acompañamiento de geógrafos de la UNC y un equipo especializado en Química de la Universidad Nacional de La Plata. Se analizaron otros posibles factores de riesgo ambiental y se tomaron muestras de tierra y agua.

El informe final concluyó que Monte Maíz presenta «grandes acopios de granos en la zona central que despiden cascarillas de granos cargadas de glifosato » y otros químicos agropecuarios. Y «la zona rural reúne 65.000 hectáreas donde se aplican 630.000 litros de pesticidas por año». El relevamiento destacó que en el interior del radio urbano existen al menos «22 galpones y hangares de máquinas de pulverizar y alta concentración de pesticidas en el suelo», hecho «demostrado en que en el 100% de las muestras se detectó glifosato, clorpirifós y cipermetrina», plaguicidas utilizados en las actuales campañas agropecuarias. «La  contaminación con agroquímicos es el factor preponderante en el análisis del entorno ambiental del pueblo y el gran volumen de los mismos significan una amenaza constante», sostiene el trabajo encabezado por el médico Medardo Ávila Vázquez.

Ese cuadro ambiental tiene reflejo en la salud. Monte Maíz debiera presentar entre 11 y 13 casos nuevos de cáncer por año –según se usen cifras provinciales o de la ONU–, y en solo 9 meses de 2014 se detectaron 35. Otros datos surgidos del estudio: los abortos espontáneos superaron por más de 3 veces la prevalencia esperada. En Monte Maíz alcanza el 9,98% frente al 3% a nivel nacional. El cálculo incluyó casos de los últimos 5 años en mujeres de 15 a 44 años. Entre las 981 mujeres que cumplían con esta condición, 79 sufrieron abortos espontáneos. La mayoría padeció un episodio, mientras que 15 sufrieron 2 abortos y 2 mujeres vivieron ese trauma en tres oportunidades.

A partir de este trabajo, autoridades y vecinos avanzaron en la redacción de una ordenanza que regule el cuadro ambiental del pueblo. Finalmente, el Concejo Deliberante sancionó una normativa. Se creó una zona de resguardo ambiental de 500 metros desde el límite de la planta urbana hacia la zona rural en la que no se puede utilizar ningún tipo de agroquímico. Desde ese extremo se creó otra área de 1.000 metros en la que solo se puede pulverizar de forma terrestre y con productos clase toxicológica III y IV, los considerados menos agresivos según el SENASA. Y a partir de la zona de resguardo y por una distancia de 2.000 metros quedó prohibida toda fumigación aérea. También se creó un programa para avanzar de forma progresiva en un casco urbano libre de máquinas y depósitos de agroquímicos.

Con la ordenanza sancionada, Gladis Italia, miembro de la Red de Prevención, sostiene que «cuando se comenzó a hablar de fumigaciones, allá por 2006, no creía que esto iba a tomar tanta trascendencia». Luego de años de movilizarse, Italia celebra: «Hemos cumplido los objetivos. Hay que seguir de todas formas porque los arrendatarios, aplicadores y demás se niegan abiertamente a reconocer la problemática de salud que implica esto». Ignacio Silva, presidente del Concejo Deliberante, valora la «participación ciudadana y sectorial » alcanzada para lograr este marco regulatorio, que a fin de cuentas «busca un convivir mejor entre lo urbano y lo rural». Silva destaca que este proceso dejó en evidencia que en muchas zonas del país los modelos productivos avanzaron sin contemplar una mirada territorial. «Lo que empezó como una demanda vecinal sobre la salud y el medio ambiente nos llevó hasta la discusión por el planeamiento urbano-territorial de nuestro pueblo», repasa.

Como conclusión, Ávila Vázquez enfatiza cuál es el fin del trabajo de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados cristalizado en Monte Maíz pero que sirve de ejemplo a la contribución de otros académicos en tantos sitios del país. «Lo que buscamos es hacer un aporte para proteger la salud ante una agricultura que utiliza venenos de forma masiva».

Artículo publicado en la revista Acción (IMFC) –primera quincena de noviembre de 2015–

 

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