Talleres para la tierra ocupada

¡Tierra para la vida digna!” El grito de esperanza retumbó entre los cerros del Valle de Punilla Sur. A principios de noviembre se realizó el Segundo Encuentro Provincial de Luchas por la Tierra. Más de 150 personas de una veintena de territorios urbanos y rurales de Córdoba asistieron para intercambiar experiencias de organización ante la falta de acceso al hábitat. En la provincia casi un cuatro por ciento de la población vive en asentamientos informales.

Convidar saberes

Los talleres del encuentro buscaron acercar vivencias de tomas, villas y asentamientos. La organización colectiva para el acceso a los servicios, la creación de espacios productivos, diversas formas de resistencia, y estrategias jurídicas fueron algunos de los tópicos abordados. “Lo que hacemos es compartir herramientas para llevar a nuestros territorios: cómo organizarnos para acceder a la tierra; para responder ante la policía; para resolver el tema de los servicios; y para pensar espacios de educación, alimentación, salud”, resumió Facundo Parés, del Encuentro de Organizaciones (E.O.), que nuclea diversos movimientos territoriales y convocó a la jornada.

Un símbolo

El evento tuvo lugar en el barrio Comechingones, en Cuesta Blanca, pueblo vecino de Carlos Paz. Allí se sostiene desde hace tres años una de las tomas de tierras que es referencia en la provincia. Rodeadas de monte nativo, con espacios de uso común, y una fuerte impronta horizontal, residen allí 18 familias que lograron sortear represiones, amenazas y demolición de viviendas.

“Siempre estuvimos dentro de la legalidad”, explicó David Descole (52) acerca del proceso por el cual decidieron comenzar a construir sus historias en esos terrenos, apreciados por desarrollistas inmobiliarios y empresarios turísticos. “Sabíamos que no tenían la propiedad de estas tierras, que estaban especulando y hasta la fecha Aldo Cucanja, Ana María Crosetto y Luis Ortúzar, quienes nos quisieron sacar, no pudieron presentar un papel”, agregó el hombre.

Originalmente esta toma fue sostenida por sesenta familias. Una orden de desalojo librada por el fiscal Gustavo Marchetti ocurrida en abril de 2013, con catorce familias despojadas de su lugar; cinco detenciones de miembros de la toma; y una feroz represión a una marcha de organizaciones sociales que se solidarizaba con los vecinos, con otros quince detenidos, incluido un abogado, hizo mermar a un tercio el total de ocupantes. La violencia del Estado surtió efecto. Descoles destacó que “nadie está acostumbrado a ese roce con la policía”, y acá justamente lo que se buscó es “generar un ejemplo que dé miedo”. “Quieren que se sepa qué le pasa a la gente que viene con un proyecto serio de ocupar tierras y pensar otra forma de vida.”

Manual de desalojo

CSC_0293
Karina Marcelli de Parque las Rosas

Tal como ocurrió en el barrio Comechingones, la violencia policial, las amenazas y cierta opacidad de organismos del Estado forman parte del desgaste a quienes ocupan tierra. La reciente toma en el barrio Parque Las Rosas, al oeste de la ciudad de Córdoba, cumple a la perfección con estos lineamientos. Una treintena de familias que vivían hacinadas en la zona decidieron ocupar un lote que “era utilizado como basural a cielo abierto”, y “estaba vacío desde hace cuarenta años, con muchas deudas”, compartió Karina Marcelli (36).

El día a día en la toma se pasa bajo la mirada policial, luego de que se librara una medida de no innovar para que los ocupantes no sigan construyendo. “Es vivir pendiente de si está la guardia o no”, indicó la mujer. “Hace unos días un policía entró y desarmó una construcción, con total impunidad, sin orden, sin nada, y amenazó a los chicos que estaban ahí.”

Ni el gobierno municipal de Ramón Mestre ni el provincial de José Manuel de la Sota brinda alguna respuesta desde una mirada que apunte a hacer efectivos derechos básicos: “En estos dos meses, ningún funcionario vino a ver cómo está la gente, a saber qué necesitan, ningún trabajador social. Yo tuve mi hijo enfermo con gastroenteritis porque no podía darle agua potable. Ni siquiera eso nos vinieron a ofrecer”.

La lógica se repite en la zona serrana. En Anisacate, un pueblo ubicado una hora al sudoeste de la capital, la presión por la tierra “viene de la mano de inversores turísticos y la siembra de soja”. Así lo explicó Florencia Marcantonelli (27), de la agrupación El Piquillín, quien con otras treinta familias encabeza una toma desde hace cuatro años en el barrio Villa del Río.

El loteo lo reclama la sociedad IMPETRA, de la familia Laje. Según denunció en 2013 el periodista Tomás Méndez, los empresarios, de vínculos familiares con el gobernador, compraron al estado cordobés 200 lotes en ese pueblo por medio millón de pesos, que en valor de mercado costaban cerca de 20 millones. Marcantonelli señaló que “las tierras estaban totalmente abandonadas”. Aunque no se da por la vía legal, el intento por sacar a las familias también avanza. “Han destruido casas, ingresaron con topadoras a desmontar los árboles nativos, y se meten con policías no identificados”, describe la mujer.

Ocupar no es delito

Luego de repasar los diversos ejes en grupos de trabajo, el encuentro dejó lugar a la puesta en común. De cara al futuro, Parés planteó uno de los puntos que repitieron los asistentes durante toda la jornada: “Ocupar tierra ociosa, sin poseedores, no es delito, y eso ha quedado demostrado en diversos fallos judiciales”. El miembro del Encuentro de Organizaciones planteó la necesidad de “construir una fuerza popular para resolver el problema de la tierra” frente a un Estado que “como respuesta suele ofrecer represión, judicialización, y promesas vacías”. Ante ese escenario “es necesario construir caminos para reclamar lo que el propio Estado nos reconoce como derechos y no hace cumplir”, y eso “se busca guiados por cuatro pilares fundamentales: tierra, autonomía, libertad y comunidad”, remató.

Recuadro

El 4 por ciento en asentamientos

Un relevamiento de la ONG Techo, de 2013, señala que en la provincia existen 210 asentamientos informales, de los cuales 134 pertenecen a la capital. Se estima que unas 28.600 familias viven en la informalidad habitacional, lo que en base a datos censales alcanza al 3,9 por ciento de la población cordobesa.

En este contexto, el gobierno provincial ha realizado políticas que han inducido nuevos conflictos. Un ejemplo es el programa “Mi casa, Mi vida” (2003-2009), para relocalizar población villera. “Las villas, se encontraban localizadas en zonas con precios de suelo alto o muy alto y fueron trasladadas hacia sectores periféricos, donde se localiza históricamente población pobre, intensificando la segregación residencial y socio-espacial”, apunta la investigadora María Virginia Monayar.

En el artículo “Las formas de la informalidad”, de la revista del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la UNC (2014), Monayar da cuenta de que las viviendas entregadas por la Provincia fueron germen de nuevas tomas. Las casas entregadas tienen una superficie de 42 metros cuadrados, lo que a razón de 5,59 miembros que en promedio tienen los hogares de villas del municipio de Córdoba “resulta deficitaria” y motiva que en el corto plazo, entre el diez y veinte por ciento de la población de los barrios ciudad “se encuentra hacinada”. “El propio Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, indicaba que el hacinamiento inducido por el tamaño de las unidades habitacionales producto del programa había impactado en el crecimiento de “tomas de tierra” en las márgenes de las propias urbanizaciones”, tal es el caso de Parque las Rosas, donde en 2006 se habían entregado 312 viviendas.

Artículo publicado en PáginaI12 –7 de diciembre de 2015–

Anuncios