Salud o agronegocio

Si cada parte hace al todo, Monte Maíz refleja con nitidez a su esquema madre, el paisaje agrícola nacional.  El avance masivo de los cultivos transgénicos y el consecuente aumento en el uso de plaguicidas a nivel país tiene su caso testigo en este pueblo del sudeste cordobés. Allí como en tantas zonas rurales un grupo de vecinos comenzó a sentir el impacto en la salud de este modelo productivo basado en la masiva utilización de agroquímicos: aumento de los casos de cáncer, más problemas respiratorios, crecimiento de la tasa de abortos, entre otros problemas. En 2014, la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), surgida en la Universidad Nacional de Córdoba, se acercó para realizar un relevamiento sanitario colectivo y analizar el entorno ambiental de este lugar. Correr el velo de este escenario local fue mucho más que confirmar el daño de los agroquímicos en los cuerpos. Se trató en todo caso, de poner en tensión una estructura económica, social, ambiental y hasta filosófica.

Perfil de un pueblo

Según el último censo en Monte Maíz viven poco más de ocho mil habitantes, que viven calles mediante a los campos sembrados en su mayoría con soja transgénica. La semilla de esta oleaginosa fue modificada genéticamente para resistir la aplicación del herbicida glifosato, cuestionado por su potencial carcinógeno, tal como señaló en 2015 Naciones Unidas. De esta manera no hace falta remover “yuyos”, ya que el plaguicida mata todo menos la planta que dará los granos comercializables. Esta variedad fue impulsada en Argentina a partir de 1996 por la multinacional Monsanto, empresa símbolo a nivel mundial en venta de semillas y agroquímicos.

De ocupar unas diez millones de hectáreas a fines de los noventa, la soja abarca ya cerca de veinte millones de hectáreas (un 60 por ciento de la superficie cultivada en Argentina), según datos oficiales. En paralelo hubo un aumento exponencial del uso de plaguicidas: más de 850 por ciento en dos décadas, denuncia la Reduas -Médicos de Pueblos Fumigados-.  Monte Maíz no escapó a este devenir. En la zona rural se aplican 630.000 litros de pesticidas por año dentro de las 65.000 hectáreas dedicadas a la siembra de granos, estimó la Reduas.

Desde 2007 que un grupo de mujeres y hombres del pueblo denunciaban el aumento desmedido de  diversas enfermedades como cáncer, malformaciones, alergias. Tras varios intentos lograron convocar a la Reduas, encabezada por Medardo Ávila Vázquez, para realizar un relevamiento sanitario. La Reduas asistió junto a unos cincuenta estudiantes de la UNC. Al trabajo se sumó el equipo de Damián Marino, del Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio-ambiental de la Universidad Nacional de La Plata (EMISA) para analizar el agua, la tierra y el aire en la zona.

mosquitos

Distintas prioridades

Entre fines de 2014, momento del relevamiento, y marzo de 2015, fecha en que se presentó el informe final, hubo un constante ataque al trabajo realizado, aún sin conocer sus resultados. En el ámbito local y provincial, sectores representantes del agronegocio y aliados se dedicaron a menospreciar el informe y a sus responsables. El punto más alto de esta campaña fue durante una emisión del programa ‘Mitre y El Campo’ (Radio Mitre-Córdoba, Grupo Clarín), donde el conductor Gustavo Mathieu se dedicó a denostar el esfuerzo de médicos y vecinos, que aún no habían dado sus conclusiones. Así se refería el comunicador acerca de los médicos y vecinos que buscaban conocer los motivos de tanta enfermedad y muerte: “Nos marcaron la agenda, y a mí me puso loco que nos marquen la agenda desde afuera, un sector que no tiene nada que ver con el campo”. Mathieu estaba ladeado por discursos afines: Juan Cruz Molina, entonces secretario de Agricultura de Córdoba; Gustavo Irico, en esa fecha decano de la Facultad de Medicina de la UNC; y la agrónoma y docente de Ciencias Agropecuarias de esa universidad, Alicia Cavallo. Toda una postal del poder que enfrentaron desde Monte Maíz, vecinos de a pie.

Poner números

El 28 de marzo de 2015 se presentó el informe en la Casa de la Cultura de Monte Maíz, ante un auditorio colmado. Medardo Ávila Vázquez , Marino del EMISA, Ignacio Silva, entonces presidente del Concejo Deliberante, y los vecinos de la Red de Prevención, quienes impulsaron la realización del estudio, estuvieron a cargo de divulgar la investigación.

Las primeras palabras de Ávila Vázquez sintetizaron el diálogo de saberes entre academia y ciudadanía. “En cáncer confirmamos la sospecha de los vecinos, los casos nuevos por año son tres veces más frecuentes”. Según las estimaciones, Monte Maíz debiera presentar entre 11y 13 casos de cáncer nuevos por año para los cerca de 5.000 habitantes relevados. Los abortos espontáneos “superaron por más de tres veces la prevalencia esperada”. En Monte Maíz llega al 9,98 por ciento frente al 3 por ciento nacional.

El relevamiento constató que en el radio urbano existen al menos “22 galpones y hangares de máquinas de pulverizar y alta concentración de pesticidas en el suelo”, dato confirmado “en el 100 por ciento de las muestras” donde se detectó glifosato.  “La contaminación con agroquímicos es el factor preponderante en el análisis del entorno ambiental y el gran volumen de los mismos significan una amenaza constante”, dejó planteado el médico.

Grietas

Con los datos en la mano, vecinos y concejales comenzaron a trabajar en una ordenanza. Las reuniones entre quienes demandaban más protección a la salud, empresarios agropecuarios y técnicos no fueron sencillas. Una de las jornadas de intercambio contó con la visita del secretario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina, quien defendió a ultranza el modelo agrícola dominante. El gobierno provincial no buscó balancear esta posición con algún representante de la cartera sanitaria, a pesar que lo que se discutía tenía que ver con la defensa de la salud. Un claro mensaje. Molina menospreció  la percepción ciudadana: “No coincido en la vinculación causa efecto entre agroquímicos y salud de manera tan generalizada. Puede que a los vecinos les han instalado algunos miedos”.

Durante las semanas de debate, Ignacio Silva, presidente del Concejo, reconoció haber recibido “mucha presión” desde dentro y fuera del pueblo.

A pesar de los intentos por frenar la nueva legislación, los ediles de Monte Maíz lograron una ordenanza de avanzada. Se creó una zona de resguardo ambiental de quinientos metros desde el límite de la planta urbana hacia la zona rural en la que no se puede utilizar ningún tipo de agroquímico. Además, se creó un programa para ordenar la limpieza de máquinas fuera del área urbana, y sacar progresivamente los acopios de agroquímicos del centro de la ciudad.  En el medio quedaron dolorosos cruces entre vecinos, y furiosos ataques contra trabajadores de la salud que intentan pelear por una vida más digna. “Ese el costo de exponer esta problemática, que hace a la economía del pueblo, de la provincia y del país”, sintetizó Silva.

Artículo publicado en revista Tema Uno #7 ‘Trans’, de la Universidad Pedagógica –2016–

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